El departamento de Recursos Humanos (RRHH) es una pieza clave en todas las empresas. No solo se encargan de seleccionar al personal más óptimo para cubrir las necesidades de la empresa, sino que también hacen de intermediarios entre las dos partes, trabajador y empleador, para que la relación laboral sea lo más fructífera posible. Por ello, este trabajador no pensó que desahogarse con RRHH podría volverse en su contra y acabar en despido.
Su nombre es Thomas Delaney y, tal y como cuenta ‘The Irish Times’, tuvo una conversación con el jefe de recursos humanos para contarle todas las “frustraciones” que venía sufriendo en el trabajo. La grabación de esta conversación acabó llegando meses después al director general de la empresa, quien no dudó en despedirle. No obstante, la justicia ha declarado el despido improcedente, motivo por el que la empresa deberá pagarle 10.000 euros.
No conforme con su despido, Delaney presentó una demanda contra la empresa, NSP Expert Lab Solutions, amparado en la normativa laboral de Irlanda, estimando a su favor la Comisión de Relaciones Laborales (WRC). Este, que llevaba trabajando para la compañía 8 años, alegó que pensaba que su conversación con RRHH fue “confidencial” y que nunca dio su consentimiento para una grabación.
También expresó que, en el momento de la llamada, donde se desahogó y expuso sus frustraciones, estaba de baja médica por estrés. Y apostilló que, aunque la grabación se hizo en febrero, no se envió al director hasta mayo. Ahora, cuando este la recibió, esos meses después, sí fue fulminante y a las 24 horas ya estaba despedido, perdiendo un empleo que le generaba 56.000 euros al año.
Un despido “basado en suposiciones”
El trabajador, a través de su demanda, también expuso que el despido disciplinario se había “basado en suposiciones” y carecía de “transparencia”, además de que no se le dio “ninguna oportunidad de responder al caso” y se le impuso una sanción desproporcionada. Sobre esto, afirmó que nunca recibió una copia de la transcripción de la llamada telefónica en la que se basaron para despedirle y no tuvo oportunidad de responder a su contenido ni a las acusaciones contra él.
El abogado de la empresa, Malachy Kearney, defendió por su parte que la empresa recibió una “revelación protegida” en forma de “una conversación grabada entre el denunciante y un miembro de su personal”, donde el empleado había planteado “cuestiones que se consideraron constitutivas de falta grave”. Por ello, decidieron aplicar el despido, ya que, según la normativa de la empresa, esta “se reservaba el derecho de saltarse cualquier paso del proceso disciplinario si consideraba que la gravedad de la acción lo justificaba”, como consideraban que había sido el caso.
El tribunal señaló que los testigos de la empresa no habían aportado “ninguna prueba oral” y que el trabajador “no participó en la investigación ni en el proceso disciplinario”, sino que simplemente se le convocó para “leerle la decisión” y no tuvo oportunidad de responder a ninguna alegación o queja contra él ni de presentar alegaciones en su nombre.
En consecuencia, fallaron que se le había negado “una determinación justa e imparcial de las cuestiones” y que había sido despedido injustamente. Ya que el empleado, a causa del despido, había perdido 1.085 euros brutos a la semana durante un período de desempleo de 14 semanas, concluyó que la indemnización adecuada por despido improcedente era de 10.000 euros.
