El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una de las mayores reformas en materia de conciliación y derechos familiares en España. A partir de ahora, el permiso retribuido por nacimiento, adopción o acogida de hijos se amplía de 16 a 19 semanas para cada progenitor, con la novedad de qué dos de esas semanas podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años. La medida, en vigor desde el 31 de julio de 2025, responde a la necesidad de completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, exigida por Bruselas, y que ha mantenido a España bajo amenaza de sanción en los últimos años.
Esta mejora se encuentra recogida en el Real Decreto-ley 9/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, establece que estas tres semanas adicionales serán retribuidas al 100% de la base reguladora, igualando las condiciones entre hombres y mujeres, asalariados, empleados públicos y trabajadores autónomos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado en rueda de prensa que “España cumple con creces la directiva europea”, al sumar hasta 22 semanas de permisos retribuidos, incluyendo los de lactancia. El coste de la ampliación se estima en 1.500 millones de euros, asumido por la Seguridad Social.
De las tres nuevas semanas de permiso, una deberá disfrutarse en el primer año de vida o adopción del menor, mientras que las dos restantes podrán utilizarse de manera absolutamente flexible hasta que el niño cumpla ocho años. Estas últimas tendrán carácter retroactivo para los nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024, aunque el disfrute efectivo y la solicitud no podrán realizarse hasta el 1 de enero de 2026. Para las familias monoparentales, en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la duración del permiso por nacimiento y cuidado se eleva a 32 semanas, de las cuales cuatro podrán disfrutarse igualmente hasta los ocho años del menor.
Con esta reforma, el Gobierno de España sigue avanzando y aumentado los derechos de las personas trabajadores, al retribuir dos semanas del permiso parental, que recogemos que hasta la fecha solo era de seis semanas y no estaba retribuido. Además, España se sitúa así entre los países europeos con permisos parentales más largos y flexibles, superando incluso las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La retribución íntegra al 100% del salario durante todas las semanas busca equiparar el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres, consolidando la alta participación masculina en los permisos de nacimiento registrada en los últimos años.
A pesar de que la medida es buena y positiva, esta no ha estado exenta de críticas. Sindicatos, como el CSIF, han reclamado la retribución completa de las ocho semanas de permiso parental actualmente previstas hasta los ocho años del menor, es decir, que no sean 2 de las 8 semanas.
El Gobierno argumenta que la directiva europea permite computar para ese cómputo otras modalidades de permisos retribuidos, como la acumulación por lactancia y la ampliación de las semanas por nacimiento, lo que le permite cumplir formalmente con Bruselas. El permiso parental general, de ocho semanas, mantiene, por tanto, su carácter no retribuido, salvo para las dos semanas que ahora se incluyen como ampliación del permiso de nacimiento para los nuevos nacidos o adoptados.
La reforma también introduce novedades técnicas, como la posibilidad de disfrutar los nuevos periodos de permiso, tanto de forma acumulada como interrumpida y a tiempo parcial, con preaviso mínimo de quince días. El derecho es individual, intransferible y compatible con otros derechos, como la acumulación de lactancia. Las empresas, públicas y privadas, deberán adaptarse a la nueva gestión flexible de estos permisos, lo que supondrá un reto organizativo en los próximos meses.
La aprobación del Real Decreto-ley responde también a la urgencia de evitar nuevas sanciones por parte de la Comisión Europea, que ya había incoado procedimientos de infracción contra España por el retraso en la transposición de la normativa. El Gobierno se compromete, además, a seguir ampliando los derechos de conciliación en futuras reformas, hasta alcanzar las veinte semanas retribuidas en los próximos años, según consta en la exposición de motivos de la norma.
