El Expediente de Regulación de Empleo, más conocido por sus siglas ERE, es un instrumento con el que cuentan las empresas para despedir a sus trabajadores en caso de encontrarse en crisis o en una mala situación financiera. Por estos motivos, la compañía tendría autoridad legal y administrativa para ejecutar estos despidos colectivos. Una competencia que hace que muchas personas se pregunten cuánto se cobra por un despido por ERE.
Cabe recordar, antes de nada, que un ERE no solo se puede realizar a través de un despido, que es la forma que en este artículo se va a desgranar, sino también mediante la reducción de plantilla o de la jornada de trabajo. Así, dependiendo de las causas que lo motiven, puede haber tres tipos de ERE, que son el ERE de extinción, el ERE de suspensión y el ERE de reducción.
En este caso, por ser definitivo y no temporal, nos centramos en el ERE de extinción, que es el más desfavorable para los trabajadores. ¿De qué se trata? Como se explicado, mediante este procedimiento las empresas ejecutan un despido colectivo, pudiendo despedir a un gran número de trabajadores e incluso al 100% de su plantilla. No obstante, deben responder a unos motivos específicos y, en caso de poder ejecutarlo, los trabajadores tienen una serie de derechos. Entre ellos, la indemnización por despido.
Cuándo es legal el despido por ERE
El artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores recoge las causas por las que se puede presentar un ERE de extinción o un despido colectivo, que son llamadas causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción):
- Causas Económicas: Cuando la empresa está en crisis financiera, sufre graves pérdidas económicas o una disminución de ingresos importante y retirada en el tiempo.
- Causas Técnicas: Cuando se producen cambios relacionados con los medios o instrumentos de producción. Por ejemplo, si hay una tecnología que puede sustituir mano de obra.
- Causas Organizativas: Cuando se producen cambios en los sistemas o métodos de trabajo.
- Causas de Producción: Cuando se producen cambios en la demanda de productos o servicios que la empresa tenía planeado ejecutar en el mercado.
Por otro lado, se llama ERE cuando, en un periodo de 90 días, se ven afectados por el despido al menos 10 trabajadores si la empresa tiene menos de 100 trabajadores; el 10% de la plantilla cuando la empresa tiene entre 100 y 300 empleados; y cuando afecta al menos a 30 trabajadores en las empresas con más de 300 trabajadores. En caso de que el despido no responda a una de las anteriores causas, y no se justifique por las mismas, se podría reclamar por la vía judicial.
Cuánto se cobra por un despido por ERE
Si el ERE es justificado y, por tanto, se puede ejecutar, los trabajadores afectados tienen derecho a cobrar una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, con un máximo de 12 mensualidades.
Así lo establece el Ministerio de Trabajo en su guía, pero las empresas pueden pactar una indemnización mayor con los representantes de los trabajadores o los sindicatos. De hecho, es una práctica bastante habitual para evitar una impugnación judicial del ERE, esto es, para que los empleados no reclamen el despido colectivo. Por ello, suelen concederse indemnizaciones mayores entre los 20 días mínimos que obliga la ley y los 33 días por año fijados generalmente para el despido improcedente.
Si la compañía no contara con fondos para hacerse cargo de las indemnizaciones, los pagos serían abonados a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero con un límite, ya que el pago no podrá superar en ningún caso el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Otros derechos de los trabajadores despedidos por ERE
En los casos donde el ERE afecte a más de 50 trabajadores, la empresa tendrá que ofrecer a los empleados afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Este plan tiene que diseñarse para un periodo mínimo de 6 meses y debe incluir como marca la ley medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador y búsqueda activa de empleo.
El coste y desarrollo de este plan no recae en ningún caso sobre los trabajadores, es decir, estos bajo ninguna circunstancia deben pagar por él. Asimismo, los trabajadores que sean despedidos por un ERE deben de saber que pueden pedir la prestación por desempleo, más conocida como el paro, siempre que cumplan con los requisitos exigidos.
Desde el Ministerio de Trabajo también explican que en el caso de los trabajadores con 55 años o más, que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, la empresa tiene la obligación de suscribir un convenio especial de la Seguridad Social para abonar las cotizaciones del trabajador. Del mismo modo, las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos y que afecten a trabajadores de 50 años o más, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público.
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