La presidenta del tribunal civil de Lorient, en Francia, ha condenado a un cardenal que, según los hechos, actuaba en nombre del Vaticano, por expulsar a una monja de manera improcedente de la Comunidad de Pontcallec del Instituto de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, a la que pertenecía desde hace más de tres décadas. Un “despido improcedente” por la que se ha dictado a indemnizar a la afectada, Sor Marie Ferréol, con 200.000 euros, por todos los daños morales causados.
Una sentencia realmente inusual que equipara la vocación religiosa con las relaciones laborales, siendo los condenados el cardenal en cuestión, Marc Ouellet, dos colaboradores suyos y la Comunidad de Hermanas Dominicas. Según la abogada de la monja expulsada, en declaraciones recogidas por ‘ABC’, los problemas comenzaron especialmente en 2011, cuando esta denunció “graves abusos y sucesos” dentro del monasterio. Esto, al parecer, “envenenó” el ambiente de la comunidad.
Varios años después, en 2020, el Papa Francisco, supuestamente, encargó al cardenal Marc Ouellet que realizara una visita apostólica al monasterio (con el fin de investigar), para lo que el cardenal solicitó la ayuda de dos colaboradores. Tras hablar con todas las religiosas, pasaron una semana en el monasterio para conocer la situación en primera persona, tomando la decisión el cardenal en 2020 de expulsar temporalmente a Sor Marie Ferréol, siendo la expulsión definitiva seis meses después por “mentiras y simulaciones”, “mal espíritu” y haber creado un “clima de sospecha y de miedo”.
Expulsada sin pruebas y sin derecho a una defensa
La monja expulsada aseguró que fue expulsada en plena noche sin un preaviso, del mismo modo que tampoco se le permitió una defensa. Además, aunque al principio fue trasladada a otro monasterio, tras la expulsión definitiva se quedó en la calle, sin ningún tipo de ayuda. Esto, sumado al hecho de que el cardenal y demás actores no aportaron ninguna prueba para justificar sus argumentos, le llevó a presentar una denuncia contra este y el resto “por los materiales y morales sufridos”.
El caso se ha resuelto esta semana, decidiendo el tribunal que se trata de un “despido injusto” en el que lamentan no haber tenido acceso a las actas y a la sentencia de la “visita apostólica” al monasterio. En este sentido, la justicia francesa condena que se le acuse de “manipulación de personas, comentarios críticos y destructivos, ataques contra la verdad, espíritu rebelde y crítica sistemática” sin especificarle las circunstancias ni aportar ninguna prueba de ello.
Por todo lo anterior, consideran que no se respetó el procedimiento de despido: no se cumplió un preaviso, no se informó sobre los hechos que se le acusan que son los que motivaron la expulsión y tampoco se le dio a la afectada posibilidad de defensa, a lo que se le une el hecho de que no le proporcionaron ningún tipo de ayuda, a pesar de que había prestado su servicio al monasterio durante 33 años y no contaba con ningún recurso fuera del mismo.
Al cardenal, en particular, también lo acusan de “abuso de derecho y de falta de imparcialidad” que, ciertamente, no ha querido participar en el proceso ni ha aportado ninguna prueba sobre su postura. Además de la indemnización de 200.000 euros, la comunidad tendrá que pagarle otros 33.622 euros por no haberla ayudado tras la expulsión.
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