Los sindicatos UGT y CCOO han calificado de “decepcionante” que el informe de AIReF sobre la evolución que registra la incapacidad temporal, haya obviado el hecho de que la principal causa del crecimiento de la prestación radique en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público.
Aunque ambos sindicatos han afirmado que analizarán en profundidad el informe, han criticado que, entre las conclusiones destacadas del documento, no aparezca “ninguna referencia” a los efectos sanitarios que la Organización Mundial de la Salud reconoce que ha podido desplegar una pandemia “tan grave como la del Covid”.
“No es necesario en cualquier caso disponer de un informe técnico exhaustivo que acredite que un fenómeno como la virulencia de la gripe que se ha registrado en las últimas semanas, con una duración de hasta 10 días, ha desplegado sin duda efectos sobre la IT”, han expuesto en un comunicado conjunto.
Las bajas por salud mental, una de las claves
Los sindicatos han destacado el hecho de que España sea el líder mundial en consumo de benzodiacepinas y ansiolíticos y el tercer país de la Unión Europea en utilización de antidepresivos, apuntando que “necesariamente tiene que indicar efectos sobre los procesos relacionados con la salud mental y la respuesta que se está dando sobre los mismos”.
CCOO y UGT han explicado que el incremento de las bajas con consecuencias en salud mental tiene relación también con los cambios en la organización del trabajo, la digitalización, la gestión por algoritmos, las plataformas y sus consecuencias en salud. Asimismo, han apuntado a la infradeclaración de enfermedades profesionales como otra asignatura pendiente para la identificación de daños de origen laboral, que repercute en la prevención de riesgos laborales.
El mayor empleo influye en el número de procesos
CCOO y UGT han indicado que el crecimiento de la actividad económica y el empleo influye en el incremento del número de procesos de incapacidad temporal, como lo hace sobre la duración media de las prestaciones y el envejecimiento que progresivamente experimenta la población en edad laboral, como consecuencia de la evolución demográfica.
Para ambos sindicatos son estas y otras causas relacionadas estrictamente con la salud las que explican en primer lugar el aumento que registra la utilización de las prestaciones de incapacidad temporal. Por ello, manifiestan que el objetivo debe ponerse en la atención pública sanitaria y los recursos del Sistema Nacional de Salud.
Rechazan la “duda” que el informe “parece desplegar” sobre “un pretendido abuso generalizado de las prestaciones”
Por otro lado, CCOO y UGT se han mostrado en contra de “la sombra de duda que el informe parece desplegar respecto de un pretendido abuso generalizado de las prestaciones por parte de pacientes y profesionales sanitarios que, en una primera aproximación y sin perjuicio de un análisis más profundo, que haremos, el informe no parece demostrar”.
Ambos sindicados han manifestado que “resulta especialmente preocupante” que una de las manifestaciones recogidas en el informe señale que “los resultados muestran por orden de magnitud que, manteniendo constantes el resto de las características, es más probable iniciar un episodio de IT si el trabajador lo tuvo también el año anterior, trabaja en una empresa grande, se encuentra en un nivel salarial medio, tiene contrato indefinido, no es autónomo, es mujer, tiene menos de 40 años y trabaja para el sector público”.
Han expresado que este tipo de afirmaciones “ponen de manifiesto los serios problemas metodológicos y de enfoque del informe, especialmente cuando se apoyan en análisis automatizados probablemente realizados mediante herramientas de inteligencia artificial sin el necesario contraste”. Así, han criticado que “lejos de contribuir a una comprensión rigurosa del fenómeno, este enfoque termina arrojando conclusiones que incorporan un evidente sesgo, al asociar la utilización de la incapacidad temporal a variables como el hecho de ser mujer, contar con empleo estable o disfrutar de mejores condiciones laborales”.
Esto, han concluido, “no solo resulta conceptualmente inaceptable, sino que introduce un elemento implícito de estigmatización de colectivos protegidos y de cuestionamiento injustificado del legítimo ejercicio de derechos de protección social”, más cuando se han eludido las causas estructurales que son la situación del sistema sanitario público, la salud laboral y las condiciones en las que las personas trabajadoras desarrollan su actividad.
