El cambio en el SEPE que busca Trabajo: subvencionar la indemnización por despido a determinados colectivos

Al Ministerio de Trabajo le espera una mitad de año de lo más completa: a las negociaciones para la reducción de la jornada laboral, se le suma ahora la reforma de las indemnizaciones por despido improcedente y la regulación por ley del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque no son los únicos cambios que espera ejecutar próximamente el departamento de Yolanda Díaz. 

Según ha podido saber 'El Español', esta cartera del Gobierno está trabajando en las políticas activas de empleo para hacerlas más efectivas y eficientes. Y, con este objetivo, quieren establecer que el Servicio Público de Empleo, sea el estatal (SEPE) o el correspondiente a las distintas delegaciones autonómicas, se encargue de costear y subvencionar las indemnizaciones por despido de los trabajadores contratados a tiempo indefinido y vinculados a programas de políticas activas de empleo.

Esta subvención también se realizaría sobre las indemnizaciones por residencia que existen en algunos territorios y las respectivas cotizaciones empresariales.

Condiciones para las subvenciones del SEPE

Desde el citado medio también señalan que la subvención de estas indemnizaciones tendrá sus condiciones. En este sentido, explican que solo podrán beneficiarse de ella las administraciones o entidades públicas, así como las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, de momento, se quedarían fuera las empresas privadas. Y, además, esta subvención se realizaría en proporción al tiempo que haya durado el contrato.

Más trabajo para el SEPE

Si el Ministerio de Trabajo sacara adelante esta propuesta, sumaría otra gestión más a los empleados del SEPE. Es importante tenerlo en cuenta atendiendo a que, según CSIF, este se encuentra “en el peor momento de su historia”, debido a la falta de facultativos. 

Según el sindicato, en los últimos diez años se ha perdido una cifra cercana a los 3.500 efectivos estructurales, disponiendo actualmente de unos 7.270. Y todo apunta a que la situación irá a peor, a juicio de CSIF, atendiendo a que el próximo noviembre entra en vigor la reforma del nivel asistencial que aprobó el Ministerio de Trabajo (los nuevos subsidios por desempleo) a lo que se suma la cogestión del Ingreso Mínimo Vital, que hasta ahora era solo competencia de la Seguridad Social.