Buenas noticias para los trabajadores: el Gobierno aumenta la protección ante sustancias cancerígenas y tóxicas

La propuesta del Ministerio de trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha logrado que el Consejo de Ministros, apruebe la modificación del Real Decreto 665/1997. La nueva normativa establece una mayor protección para los trabajadores que por su actividad están en contacto con agentes tóxicos que ponen en riesgo su salud y producirles enfermedades, como el cáncer.

“El objetivo de esta nueva modificación es reforzar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”, aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el Gobierno diera luz verde a la medida. Específicamente protegerá a los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos en el trabajo.

Valores límite de exposición: el cambio en la normativa

Una de las modificaciones más relevantes que se recogen en el nuevo Real Decreto son los valores límite de exposición que se establecen para determinados agentes. Entre los que se encuentran:

• Acrilonitrilo, presente en la industria textil
• Compuestos de níquel, presente en la industria del metal, fabricación de baterías de níquel-cadmio, industria de la cerámica y el vidrio
• Benceno, que actualiza su valor límite, presente en la producción de plásticos, caucho sintético, tintes, materias primas para detergentes, plaguicidas, resinas, etc.

Además, se incluyen nuevas sustancias como el plomo, que se utiliza en sectores como baterías, reciclado, pigmentos, pinturas, y compuestos inorgánicos. 

Reprotóxicos: causantes de la infertilidad y abortos

Los reprotóxicos se incorporan a esta nueva normativa y es uno de los principales cambios. Se trata de una sustancia química que afecta la reproducción tanto de hombres como de mujeres. Por ello se considera que son causantes de infertilidad, malformaciones congénitas en el feto o complicaciones en el embarazo, que pueden incluso, llegar al aborto. Dentro de estos los más conocidos son los de categoría ‘1A’ y ‘1B’.

De esta manera, el Gobierno de España, se aliena con los criterios de la Unión Europea que establece unos niveles mínimos de seguridad para los trabajadores que se encuentran en entornos de riesgo.