“La plantilla está muy preocupada y tensionada porque no dan abasto. La aprobación de esta nueva prestación va a empeorar la situación”, avisan desde el CSIF, el principal sindicato de los empleados públicos. La aprobación el pasado martes del cobro del subsidio por desempleo para las empleadas del hogar suma una nueva losa a la pesada mochila de un Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) limitado y envejecido.
La falta de más de 5.000 trabajadores que son necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que gestiona las políticas de empleo y las prestaciones por desempleo, adelanta el CSIF, le impedirán brindar un correcto servicio a la ciudadanía, precisamente en un momento en el que se espera que el nivel de actividad crezca, tras el verano y la amenaza de recesión consecuente de la inflación.
Y es que, como explicaron a NoticiasTrabajo desde el sindicato de funcionarios, “en los últimos 10 años existen 3.674 efectivos menos. Además, los 1.500 interinos que estaban contratados para gestionar los ERTE con la pandemia, ya no están trabajando en la administración pública de empleo.” Lo que se va a traducir en colas de hasta mes y medio para que las trabajadoras domésticas cobren la prestación. Y es que el sistema es sostenible, apuntan desde el CSIF.
Es la cruz de la moneda de una noticia que ha supuesto un hecho revolucionario en la historia española y aplaudida en la inmensa mayoría de lo ancho y lo largo de la geografía español. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, presumió del “feminismo” de la medida: “gracias al Gobierno de coalición, las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno”.
Una nueva prestación que agrava el problema del SEPE
De esta manera, a partir del 1 de octubre de 2022, las empleadas del hogar cotizarán por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Unas cotizaciones que contarán con una bonificación del 80% para los empleadores. La tramitación y gestión de las posibles solicitudes del paro al que podrá acogerse este sector del empleo, si son despedidas, no comenzarán, por tanto, hasta dentro de un año aproximadamente, teniendo en cuenta el periodo legal mínimo de cotización exigido para acceder a esta prestación.
Para entonces, se prevé que el problema estructural que lleva sufriendo años el SEPE no se haya solucionado, si no agravado, a no ser que medie giro radical de los acontecimientos. A pesar de la contratación de hasta 926 interinos en la última Oferta de Empleo Público (OPE), ya se están produciendo retrasos de hasta tres o cuatro meses en las citas y posterior reconocimiento de las prestaciones. CSIF estima que son necesarios unos 4.000 empleados más.
“El SEPE ha perdido 3.674 trabajadores en los últimos diez años, a los que hay que sumar 1.500 interinos que se incorporaron por la pandemia y que ya han sido cesados. Esto supone que 5.100 efectivos del SEPE ya no están atendiendo al público. Además, la plantilla del SEPE tiene una edad media muy alta, de 50 y muchos años, y todos los años se están jubilando en torno a 500 personas cuyas plazas no se cubren" avanza Manuel Galdeano, coordinador y responsable nacional de CSIF en el SEPE, a ‘El Mundo’.
"Al final todo esto se traduce en que cuando venga cualquier avalancha de solicitudes, bien sea de empleadas del hogar o porque haya una recesión, se traducirá en la falta de efectivos y en que daremos un peor servicio y la atención al público no será la que debería darse", subraya. La tramitación de esta nueva prestación, que se une a las más de 47 que tramita el SEPE, avisan, corre peligro.
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