El Gobierno de España aprobará esta semana, salvo giro drástico de los acontecimientos, la nueva Ley de la Autoridad del Cliente Financiero, un marco común de actuación de resolución de conflictos entre bancos y clientes. Su proyecto de ley ha superado la fase de comisión con la abstención de Junts y el PP y el único no de Vox, por lo que únicamente le resta la votación en el Pleno.
Las enmiendas de las formaciones políticas a las que se ha visto sometido el texto original para salir adelante han modificado disposiciones clave. Una de ellas, la que más revuelo suscitó, la de la cuota de 250 euros que deberían abonar las entidades bancarias como multa cuando la Autoridad admitiera a trámite una reclamación y que serviría para su financiación.
La enmienda transaccional a la que se ha visto sometida particularmente ha decretado que que se elimina esa tasa fija por una anual variable en función del banco y su modo y la efectividad de gestionar las reclamaciones de sus clientes. Sin embargo, esta no es la más significativa de sus novedades.
Morosidad y atención al cliente
La futura ley que se votará en el Pleno del Congreso también estrenará nuevos límites de acceso a subvenciones para empresas morosas, modificando el marco del último decreto anticrisis, aprobado en diciembre de 2022 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir a empresas emprendedoras acogerse a las ayudas desplegadas.
Así, permitirá acceder a ayudas económicas superiores a los 30.000 euros procedentes de los fondos europeos a empresas que cumplan con el requisito principal de estar al corriente de pago en la revisión de control semestral. De no superarlo, deberá devolver la cuantía de la ayuda recibida más un recargo como peaje. Además, recoge modificaciones respecto al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La atención al cliente por parte de las entidades bancarias a sus clientes verá intensificada de nuevo su vigilancia, tras la nueva Ley de Atención al Cliente que se estrenó este año. Específicamente, la Ley de la Autoridad del Cliente Financiero lo hará con las personas con discapacidad y penalizará, por otro lado, a las reclamaciones presentadas con mala fe.
Por último introduce un nuevo mecanismo para flexibilizar la forma de financiación de los proyectos elegidos en el marco de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, el conocido como Perte Chip.
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