Polémica en Madrid por la Ley de Vivienda: ¿qué medidas sí aplica Ayuso?

La Ley de Vivienda y ‘El Mundo’ destaparon la polémica en la Comunidad de Madrid al afirmar el diario que la no aplicación de la nueva legislación por parte de la autonomía gobernada por el Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso había sido la principal causa del aumento del coste de alquilar una casa en la capital. La presidenta madrileña ya avisó que no la aplicaría en los casos de dominio autonómico. Decisión compartida por el alcalde Martínez-Almeida.

“No puede ser peor: se ha hundido el 30% de la oferta en el alquiler, y se han disparado los precios más de un 9%”, declaró Ayuso poco después de su tramitación este año, que la propia líder del PP madrileño se encargó de recurrir ante el Tribunal Constitucional junto a otros homónimos de su mismo partido como Juanma Moreno, por considerar que el Estado se extralimita con la medida y que se entromete en competencias autonómicas. Y así está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, a tenor de las estadísticas.

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En ocho distritos, que suman alrededor de 1,2 millones de habitantes, el alquiler mensual de una vivienda de tres dormitorios ya supera los 2.000 euros. Salamanca es el distrito más caro, con un precio medio de 3.896 euros al mes. La combinación de poca oferta y alta demanda, por tanto, beneficia a los especuladores, quienes aumentan los precios sin restricciones. Por ejemplo, en las zonas tensionadas cuyo mercado la ley pretende intervenir.

¿Incumple Ayuso la Ley de Vivienda?

La Comunidad de Madrid tiene la facultad de decidir no aplicar ciertas medidas que dependen de su iniciativa autonómica. Estas son algunas cuya no aplicación se ha reconocido:

• La declaración de zonas tensionadas, una facultad que las administraciones autonómicas pueden ejercer para orientar las acciones públicas en áreas con riesgo de oferta insuficiente de vivienda.
• La congelación o limitación de rentas, derivada de la declaración de zonas tensionadas.
• Deducciones en renta para arrendadores que reduzcan las rentas de sus arrendamientos en un 5%, o cuando los inquilinos tengan entre 18 y 35 años, incentivos fiscales que la Comunidad de Madrid opta por no aplicar.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, destaca en ‘Idealista’ que existen medidas imperativas que el Gobierno de Ayuso debe respetar, según la Ley de Vivienda. Estas medidas no están dentro de la competencia de las comunidades autónomas y son las siguientes:

• La aplicación de limitaciones en las actualizaciones de renta, establecidas en el 2% este año y que aumentarán al 3% en 2024.
• La implementación de cualquier reforma introducida en la nueva ley para el derecho a la vivienda, que modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos, incluida la supresión de los honorarios que cobraban las agencias inmobiliarias a los inquilinos.
• La prórroga extraordinaria de contratos de alquiler para personas vulnerables, con una extensión de un año para arrendamientos que finalicen, siempre que el arrendatario esté en situación de vulnerabilidad, acreditada mediante un informe de servicios sociales, y el arrendador sea un gran tenedor de viviendas (más de diez).
• Aplicación de medidas fiscales, como penalizaciones en el IBI para viviendas vacías y reducciones fiscales para arrendadores que pongan sus propiedades en alquiler, aunque estas últimas entrarán en vigor en enero de 2024.
• Cambios en los desahucios que prolongarán los procedimientos en casos de ocupación, como resultado de modificaciones en las leyes de enjuiciamiento civil y criminal.

A partir de 2025, la aplicación de un nuevo Índice de Alquiler, que deberá ser preparado por el Mitma junto con el INE.