Los transportistas profesionales y autónomos han lanzado una exigencia al gobierno de España que es razonable, comprensible y de seguridad vial. En ella piden una jubilación anticipada a los 55 años y con el 100% de la pensión, ya que según los datos su profesión es la segunda mayor mortalidad de toda la economía española, solo por detrás de la minería, la cual ya disfruta de este derecho.
Según los datos publicados por la Asociación General de Transportistas de Cataluña (AGTC), el transporte de mercancías por carretera triplica la siniestralidad mortal de la media nacional (12,6 muertos por cada 100.000 trabajadores). Los profesionales son claros y piden que el Estado asuma el 80% del coste de la jubilación anticipada, al igual que ocurre con los asalariados (los que cotizan bajo el régimen general).
“El transporte triplica la siniestralidad mortal del conjunto de actividades económicas”, recuerda el informe impulsado por la Asociación General de Transportistas de Cataluña y FENADISMER, con apoyo de la Generalitat. El documento, que se presentará al Ministerio de Seguridad Social, pone cifras al drama: en 2024 se registraron 41.132 accidentes laborales en el sector del transporte y almacenamiento, 138 de ellos mortales.
Jubilación a los 55 años y con el 100% de la pensión
El sector no solo es peligroso, también envejece a marchas forzadas y es así, ya que una tercera parte de los conductores son autónomos (más del doble que en el resto de la economía) y el 60% ya supera los 45 años; uno de cada tres está por encima de los 55 años. “La jubilación anticipada es una necesidad y un derecho, no un privilegio”, insisten los autores del estudio.
La hoja de ruta es clara y buscan que los conductores de vehículo pesado podrían jubilarse con 55 años y el 100% de la pensión si han cotizado toda su vida en el sector. El coeficiente reductor propuesto es del 0,3125 para los pesados y del 0,15 para el resto, aplicable solo al tiempo trabajado en el transporte.
Ahora, la medida no sale gratis, pero el sector reclama que la fórmula sea idéntica a la de los asalariados, es decir, que el 20% del coste lo pagaría el autónomo y el 80% recaería sobre el Estado. “No puede ser que los autónomos asuman en solitario el precio de jubilarse antes cuando su trabajo es vital y de alto riesgo”, sostienen desde FENADISMER. Eso sí, el anticipo sería un derecho, no una obligación, pues cada autónomo decidiría si se acoge según le convenga para maximizar su pensión.
Peligrosidad, presión y falta de relevo
El informe también hace referencia a las condiciones físicas y psicológicas a las que deben enfrentarse los conductores. Desde jornadas de nueve horas al volante, pernoctaciones fuera de casa, comidas precarias y la tensión de sacar adelante una empresa propia mientras se sortea el tráfico y la fatiga. Todo ello, con una protección mínima en prevención de riesgos laborales.
A la siniestralidad se suma la dificultad para el relevo generacional. El envejecimiento del sector y la ausencia de medidas de jubilación parcial impiden la llegada de nuevos conductores. La propuesta de AGTC y FENADISMER plantea crear un contrato de relevo específico para que los autónomos puedan jubilarse parcialmente y formar a sus sustitutos. Actualmente, los autónomos no tienen acceso a este derecho.
Ahora, el Ministerio de la Seguridad Social tiene seis meses para responder. “El sistema de pensiones es de solidaridad intergeneracional: los trabajadores de hoy pagan a los jubilados de ayer. Así debe ser también con los autónomos del transporte”, remachan los promotores de la iniciativa, que advierten: “Es cuestión de justicia y de salud pública”.
