
Siempre que un trabajador sufre un accidente o enfermedad laboral y cumple con unos requisitos mínimos, puede cobrar una pensión contributiva de la Seguridad Social que cotiza para la jubilación hasta llegar a la edad para cobrarla. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de subir la edad de jubilación para los beneficiarios de la incapacidad permanente? Una respuesta que la Seguridad Social ha querido dar.
Una persona puede acceder a una incapacidad permanente siempre que acredite un tiempo mínimo de cotización cuando esta tenga su origen en una enfermedad común o un accidente no laboral. Algo que no se pedirá cuando la dolencia o enfermedad sea laboral o profesional. Sin embargo, sí hay un periodo mínimo que todos deben demostrar para la jubilación.
Al mismo tiempo, una persona puede alargar la incapacidad permanente hasta que tenga derecho a la jubilación y mantenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tras pasar por las revisiones del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
Con el actual sistema de pensiones, la edad ordinaria de jubilación se mantiene en los 65 años cuando demuestra una cotización igual o superior a los 37 años y nueve meses. De no cumplirse, es necesario esperar a los 66 años y cuatro meses. Sin embargo, el objetivo es subir esa edad hasta los 67 años en 2027. ¿Cómo afecta esto a la incapacidad permanente?
Qué consecuencias tiene aumentar la edad de jubilación para los beneficiarios de una incapacidad permanente
Tanto en las pensiones de incapacidad permanente como en las de jubilación, es posible que una persona beneficiaria de una pensión de incapacidad alcance la edad de jubilación con derecho a cobrar una pensión contributiva de jubilación.
Al darse esta situación, el ciudadano puede optar por seguir cobrando la incapacidad o pasar a percibir la pensión contributiva de jubilación que le corresponde. Este es otro de los aspectos por los que afecta la edad de jubilación a los beneficiarios de las pensiones de invalidez.
Cuando tengan que elegir una de las dos pensiones es necesario estudiar diferentes factores. El más importante es el grado de invalidez que tiene reconocido el ciudadano, ya que de eso dependerá la base reguladora a percibir. Esta nunca será inferior al 33% de discapacidad. El beneficiario, pues, tendrá que elegir cuál es la pensión contributiva más beneficiosa en términos económicos.
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