El Gobierno quiere que los jubilados que así lo deseen, puedan volver a la vida laboral. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará antes de que concluya 2025 el desarrollo reglamentario de la denominada jubilación reversible, una modalidad similar a la jubilación flexible que permitirá a los jubilados reengancharse al mercado laboral sin que por ello deban renunciar a su pensión.
Según las proyecciones oficiales que recoge El Confidencial, en los próximos cinco años más de 30.000 pensionistas podrían acogerse a este mecanismo, que premiará con un incremento de entre el 10% y el 20% de la prestación a quienes trabajen a tiempo parcial tras haber accedido a la jubilación.
Esta nueva modalidad de jubilación sustituirá la conocida como jubilación flexible, en vigor desde 2002 pero con escaso éxito, ya que según los datos de la Seguridad Social, apenas 3.174 personas la tenían reconocida en marzo de 2025, es decir, menos del 0,1% de los jubilados. El Ejecutivo espera en que la nueva regulación y que deroga al anterior Real Decreto 1132/2002 logre revertir esta situación. El cambio de nombre no es casual, ya que con el término “reversible” se pretende hacer entender que el pensionista puede volver atrás, reincorporándose al trabajo tras haberse retirado.
El proyecto de Real Decreto, con fecha 22 de julio de 2025, amplía los márgenes de compatibilidad entre pensión y empleo. Podrán acogerse tanto quienes trabajen por cuenta ajena con una jornada entre el 40% y el 80% de la habitual como, con restricciones, quienes emprendan una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado de alta como autónomos en los cinco años anteriores. En estos últimos casos, la pensión compatible será del 20%. Para el empleo parcial asalariado, el incentivo será mayor, pues quienes retomen la actividad al menos seis meses después de jubilarse verán incrementada su pensión en un 10% si trabajan entre el 40% y el 60% de la jornada, y en un 20% si lo hacen entre el 60% y el 80%.
Volver a trabajar para los jubilados que así lo deseen
Las previsiones de la Seguridad Social (que se pueden consultar en este enlace) apuntan a que, entre 2026 y 2030, un 1,8% de las nuevas altas de jubilación se acogerán a esta modalidad, lo que equivale a unas 6.000 incorporaciones anuales. En conjunto, superarían las 30.000 en cinco años. Aunque el volumen es modesto frente a los 6,5 millones de pensiones de jubilación en vigor, representaría un aumento sustancial frente a la situación actual.
El impacto económico también será limitado. El Ejecutivo calcula que, una vez estabilizado el colectivo en 2033, el ahorro neto oscilará entre 185 y 285 millones de euros anuales, una cifra reducida si se compara con los casi 10.000 millones mensuales que cuesta la nómina de pensiones. Aun así, el objetivo no es tanto el ahorro inmediato y sí, el de enviar señales de sostenibilidad y fomentar una cultura de prolongación de la vida laboral.
España no quiere trabajar tras la jubilación
España parte de una posición rezagada en este ámbito. Según Eurostat, en 2023 solo el 4,9% de quienes comenzaron a cobrar la pensión siguieron trabajando, frente al 13% de media en la Unión Europea. Solo Grecia y Rumanía presentaron cifras más bajas. Además, apenas un 18% de los españoles que compatibilizan jubilación y trabajo lo hacen por motivación personal “sentirse útil” o “productivo”, muy lejos del 36% de Suecia. La elevada tasa de reemplazo de las pensiones españolas (que sustituyen de media el 80% del último salario) reduce los incentivos para seguir trabajando.
El Ejecutivo encuadra esta reforma dentro de un conjunto más amplio de medidas que incluyen la jubilación activa, la parcial y la demorada. Estas figuras han tenido más recorrido, ya que solo en 2024, más de 34.000 jubilados retrasaron voluntariamente su retiro, con una edad media de acceso a la pensión de 68 años. Pero, por otro lado, la jubilación flexible no llego a despegar, de ahí la necesidad del gobierno de reformular esta modalidad de retiro y potenciarla.
La reforma bebe de los acuerdos del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social, que en 2024 recomendaron revisar los incentivos existentes. El Ejecutivo ha seguido la senda marcada por anteriores reformas, la ley de 2011, que retrasó progresivamente la edad legal; el decreto de 2013, que impulsó la jubilación activa; o los cambios de 2021, que penalizaron las anticipadas y reforzaron los beneficios por demorar el retiro.
Aun así, el objetivo es tener un sistema público de pensiones fuerte y sostenible. Hay que decir que España tiene una de las esperanzas de vida más altas de Europa, con un sistema de pensiones especialmente generoso. Por eso, el Gobierno busca con esta modalidad que los jubilados que así lo deseen puedan seguir trabajando a cambio de ganar más en la pensión, aunque esa idea todavía no es muy aceptada por nuestra sociedad.
