La subida del alquiler y las dificultades para acceder a ayudas públicas están llevando a muchas personas con pocos ingresos a vivir en situaciones precarias. Es el caso de Begoña Revuelta, pensionista con una discapacidad absoluta y en tratamiento oncológico desde hace una década, que paga 600 euros al mes por una habitación con baño compartido en Madrid en un piso de 13 personas.
Begoña convive con otras 12 personas en una casa donde residen perfiles muy distintos, desde matrimonios de su edad hasta trabajadores del aeropuerto o profesionales cualificados. “Hay una compañera abogada de más de 50 años, matrimonios y personas de 40 que trabajan”, relató este sábado en el programa laSexta Xplica, donde expuso su situación personal y económica.
“Llevo 10 años con cáncer”
La pensionista ingresa 800 euros mensuales, de los que destina la mayor parte al alquiler. “Esta es mi realidad”, resumió. A pesar de su discapacidad reconocida y de no poder trabajar, no recibe ninguna ayuda pública. Tampoco tiene acceso a prestaciones de dependencia ni a una vivienda protegida. “Me dicen que no se trata de mis gastos, sino de lo que ingreso, y que una pensión de 800 euros es alta”, explicó.
Ante quienes le sugieren trasladarse a un municipio más barato, Begoña insiste en que no es una opción viable. Su hospital de referencia es el Ramón y Cajal y su red de apoyo se encuentra en la zona madrileña de Barajas, donde reside. “No puedo irme a un pueblo y pagar 40 euros de taxi cada vez que tengo una cita médica”, afirmó. “Llevo 10 años con cáncer y necesito estar cerca”.
Un alquiler sin estabilidad ni garantías
La vivienda en la que reside está gestionada por una empresa intermediaria que administra casas de distintos propietarios y alquila las habitaciones. Según su testimonio, la agencia le aseguró que el precio no subiría, pero en la primera renovación del contrato el alquiler aumentó en 50 euros.
Con el vencimiento del contrato previsto para marzo, teme una nueva subida o incluso perder la habitación. “Tengo miedo, no me dan ninguna seguridad”, señaló, reconociendo que no leyó el contrato con detalle, pero asegurando sentirse engañada.
Durante el debate, el economista Gonzalo Bernardos apuntó que, por su situación médica y económica, la pensionista debería tener acceso a una vivienda pública. Ella misma coincidió en ese diagnóstico, aunque no en el resultado. “Debería tenerla, pero no me la dan. No tengo ninguna ayuda”, afirmó.
Su caso se produce en un contexto de tensión creciente en el mercado del alquiler y de debate político sobre las medidas del Gobierno para limitar los precios y ampliar el parque público de vivienda. Para Begoña, estas iniciativas no alcanzan a personas como ella. “La medida de Pedro Sánchez me parece absurda”, sostuvo, al considerar que deja fuera a personas con ingresos bajos pero estables, que no cumplen los requisitos administrativos para recibir apoyo.
