Las ONG de los derechos de la infancia han cerrado 2025 con la reclamación reiterada y que sigue sin cumplirse de la aprobación de una prestación universal por crianza que ayude a contener unas tasas de pobreza infantil que continúan creciendo en España. Según datos recientes de UNICEF, cerca de uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, lo que afecta a más de 2,7 millones de menores, una cifra que sitúa al país entre los peores de la Unión Europea en este indicador.
“El principal problema que venimos trasladando cada año son las altísimas tasas de pobreza infantil, que en 2025 se han vuelto a incrementar. Mientras en otras edades se ha reducido, en la infancia sigue aumentando año tras año”, advierte Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, en declaraciones a Europa Press. A su juicio, el balance del año es de “pocos cambios significativos” en materia de derechos de la infancia, con especial énfasis en la ausencia de la prestación por crianza anunciada en reiteradas ocasiones desde el Gobierno.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró el pasado noviembre que trabajaría para que una ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo se incluyera en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la falta de nuevas cuentas públicas y el retraso parlamentario han vuelto a retrasar su tramitación. “No vemos reflejos directos en la realidad de ese anuncio”, lamenta Ibarra.
Avances parciales y reformas incompletas
Entre los pocos avances destacados por las ONG figura la ampliación de los permisos de conciliación. En 2025, el Gobierno aprobó aumentar hasta 19 semanas el permiso retribuido por nacimiento y cuidado, 22 si se suman las semanas de lactancia, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales. Pese a ello, la Plataforma de Infancia considera que la medida no cumple plenamente con la directiva europea, que contempla un permiso parental remunerado hasta que el menor cumple ocho años. “Ese tramo queda fuera”, subraya Ibarra, que anticipa un posible pronunciamiento de los tribunales sobre el grado de cumplimiento.
También se ha producido, tras años de espera, la adaptación parcial de la justicia especializada en violencia contra la infancia, aunque el real decreto aprobado solo contempla su implantación en tres ciudades. “Queda mucho por implementar de la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, especialmente a nivel autonómico, donde las figuras de protección siguen siendo insuficientes o meramente formales”, añade.
Presupuestos bloqueados y leyes pendientes
Las ONG coinciden en señalar que el gran lastre de la legislatura ha sido la falta de presupuestos y la parálisis legislativa, que mantienen bloqueadas normas clave como la ley de familias o la ley de entornos digitales, aún en fase de enmiendas. A ello se suma la preocupación por la situación de los menores migrantes, especialmente en Canarias, donde las organizaciones denuncian un sistema saturado y carencias graves en infraestructuras y atención, pese al acuerdo marco para su derivación a otras comunidades autónomas.
Entre las medidas valoradas positivamente se encuentra el real decreto de comedores escolares, orientado a garantizar al menos una comida saludable diaria, aunque su aplicación completa no está prevista hasta abril de 2026. “Habrá que asegurar que el acceso sea universal y real”, matiza Ibarra.
“España sigue a la cola de Europa”
Desde UNICEF España, la responsable de Influencia, Programas y Alianzas, Lara Contreras, coincide en que la pobreza infantil sigue siendo “uno de los peores retos” pendientes. “Seguimos a la cola de Europa en el nivel de pobreza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es imprescindible poner en marcha una prestación universal y progresiva”, sostiene.
La organización reconoce algunos avances en el ámbito digital, con una ligera reducción de determinadas violencias en redes, pero alerta de que uno de cada diez menores afirma haber sufrido ciberacoso y que uno de cada tres adolescentes con pareja ha vivido violencia digital. A ello se suma la preocupación por la salud mental, ya que cuatro de cada diez menores dicen haber tenido problemas en este ámbito, aunque UNICEF subraya la necesidad de mejorar la educación emocional para diferenciar entre malestar cotidiano y trastornos clínicos.
En el plano internacional, la ONG reclama mantener el compromiso con la ayuda oficial al desarrollo a pesar de los recortes y conflictos armados. “Hay más niños viviendo en guerra que nunca en las últimas décadas. La mortalidad infantil vuelve a aumentar por primera vez en 20 años”, advierte Contreras, que menciona los más de cinco millones de menores desplazados en Sudán y los miles de niños muertos en Gaza como ejemplos de una crisis global que también interpela a España.
El balance de 2025 deja un diagnóstico compartido por las organizaciones de infancia, con avances parciales y reformas incompletas, mientras sigue pendiente una deuda estructural como es la lucha contra la pobreza infantil.
