La Unión Europea acuerda la reforma fiscal que limita la deuda y el déficit: así afecta a España

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado reformar las reglas fiscales para los 27 Estados miembro después de cuatro años congeladas debido a la pandemia. El pacto se logró después de que Italia retirara sus objeciones para obtener más margen fiscal en apoyo a la transición ecológica de la industria.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó que las nuevas reglas proporcionarán certidumbre a los mercados financieros y fortalecerán la confianza en las economías europeas, adaptándose a la realidad económica pospandémica y aplicando lecciones aprendidas de la crisis financiera. También destacó el establecimiento de redes de seguridad para equilibrar el sistema en términos de disciplina fiscal y estímulo al crecimiento económico.

En resumen, se busca una reducción sostenible de la deuda y fomentar reformas en los presupuestos nacionales. Asimismo, se destaca la necesidad de un cumplimiento más estricto, se refuerza el papel de los Estados miembros y se incorpora la propuesta de Budapest de considerar el gasto en Defensa al evaluar los niveles de déficit.

Personalización de sendas fiscales

Cada país trazará sus propias sendas fiscales para los próximos cuatro años, basándose en una "trayectoria técnica" propuesta por la Comisión Europea. Esta propuesta se centrará en la evolución del gasto público neto, especialmente para aquellos países con un déficit superior al 3 % y una deuda que excede el 60 % del PIB. La meta es asegurar que, al concluir el período, la deuda siga una tendencia descendente y el déficit se mantenga por debajo del 3 % sin requerir nuevas medidas.

Extensión a siete años

Existe la posibilidad de prorrogar el período a siete años si los Gobiernos implementan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento, respalden la sostenibilidad fiscal o aborden prioridades compartidas, como la transición verde y la digitalización. El cumplimiento de los planes nacionales de recuperación se considerará al evaluar una posible extensión del periodo de ajuste, conforme a las solicitudes expresadas durante las negociaciones, como la presentada por Italia.

Nuevo enfoque indicador

El indicador clave será el gasto público neto, financiado con recursos nacionales y excluyendo el pago de intereses de la deuda, fondos europeos o costos de medidas temporales. Aunque se consideró inicialmente apartar otros factores no observables, como la brecha de producción, el diseño final concede importancia al déficit estructural, que se utilizará para evaluar los esfuerzos presupuestarios.

Salvaguardas para déficit y deuda

Se han incorporado dos salvaguardias a solicitud de Alemania. La primera impone a todos los países con un ratio de deuda superior al 90 % del PIB reducirlo al menos un punto porcentual anual (medio punto si supera el 60 %). Además, los países con un déficit inferior al 3 % deberán continuar reduciéndolo hasta el 1,5 % para contar con un "colchón" en momentos de crisis, permitiéndoles disminuir este esfuerzo si implementan reformas e inversiones.

Revisión continua

La Comisión Europea supervisará el cumplimiento de los ajustes acordados, registrando desviaciones respecto a la senda de gasto en una "cuenta de control". Evaluará posibles expedientes cuando un país exceda el límite de deuda, presente déficit y las desviaciones en el gasto superen el 0,3 % del PIB anual o el 0,6 % acumulado. Factores como la situación económica, nivel de deuda, implementación de reformas e inversiones, y gasto en defensa se considerarán al tomar decisiones, destacándose la importancia de "sustanciales retos de deuda" como agravante y la situación económica desfavorable como atenuante.

Expediente sancionador

En caso de que la Comisión inicie un expediente por exceso de déficit (que puede comenzar por superar el umbral del 60 % de deuda), se establecerá un plazo y ritmo de ajuste para corregir la desviación. Hasta 2027, se permitirá ajustar el recorte anual para considerar el aumento del pago de intereses por la deuda, siempre que el país se comprometa a realizar reformas e inversiones.

Ajuste de sanciones

La Comisión y los Estados miembros verificarán el cumplimiento del ajuste requerido por el expedientado; en caso contrario, podrán imponer multas del 0,05 % del PIB cada seis meses hasta que se tomen medidas correctivas. Estas sanciones son más moderadas que las anteriores reglas, diseñadas para ser más aplicables, aunque se elimina el tope propuesto por la Comisión para evitar acumulaciones superiores al 0,5 % del PIB.