La decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, tiene como consecuencia la disolución de las Cortes Generales, lo que ha provocado que desde su publicación en el BOE el martes, 212 diputados de los 349 escaños ocupados en el Congreso dejarán de ostentar esta condición. Básicamente, han sido ‘despedidos’, trasladado al ámbito laboral rutinario.
Así, únicamente 137 diputados, los que componen la Diputación Permanente, conservarán su cargo hasta el día de la cita de la ciudadanía con las urnas. Este será el único ente que se mantendrá vigente hasta que se haya formado el nuevo Congreso, que se espera como muy tarde el 17 de agosto. El resto tiene el derecho de embolsarse una indemnización de transición en un pago único. El único requisito es que no tengan otros ingresos y solicitarlo expresamente.
De cuánto es el finiquito de los diputados
Todavía no existe quórum en la Mesa del Congreso, pero sí previsiones acerca de cuánto será la cantidad. Tomando de base anteriores legislaturas, este sería de 52 días de salario, rondando así entre los 6.800 que ingresarían los diputados de base de Madrid y los casi 9.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones con algún cargo en la Cámara, según los complementos. Esta cuantía, además, se paga de una vez y tributa a Hacienda.
Esos 52 días saldrían de la cuenta del tiempo que les restaría a los diputados que no conforman la Diputación Permanente entre la disolución y el día de reflexión. Esto significa que incluiría la retribución constitucional (3.126,89 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), así como los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.
3.126, 89 euros de paro para los ‘desafortunados’
Una vez los votos hayan seleccionado al nuevo Gobierno y la composición del nuevo Congreso, aquellos que no formen parte del mismo tendrán también la opción de pedir una indemnización por cese, siempre que hayan permanecido en el Parlamento un mínimo de dos años.
Su cálculo deriva de la mensualidad de la asignación constitucional, que se ubica actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. A diferencia del ‘finiquito’, esta cantidad no será abonado en un solo pago si no mes a mes para llevar un control más racional y disponer de tiempo preventivo por si el exparlamentario cambia su estado laboral.
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