El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una reducción fiscal progresiva en el Impuesto sobre Sociedades destinada a las empresas que contraten personal con salarios superiores al salario mínimo interprofesional (SMI). La propuesta llega en el momento justo, con una nueva reunión para la negociación para la subida del SMI vista para este jueves. El objetivo principal del Gobierno es convencer a todos los grupos sindicales y patronal de subir el SMI hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas para este 2026, un 3,1% más que la cuantía vigente en 2025.
La medida ha sido elaborada por el departamento que dirige María Jesús Montero tras la petición expresa del Ministerio de Trabajo de articular algún mecanismo que compense a las empresas más afectadas por el alza del SMI, especialmente en los sectores con mayor concentración de salarios bajos, algo que demandaron tanto Cepyme como CEOE. El objetivo, según fuentes del Ejecutivo y recogidas por Europa Press, es vincular cualquier alivio fiscal a la creación de empleo estable y a la mejora salarial, evitando que se traduzca en una mera rebaja impositiva sin impacto laboral.
Esta reducción permitiría una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a aquellas compañías cuya plantilla media total y que tengan contratos por encima del SMI se incremente al final del periodo impositivo respecto al inicio del mismo. Para las empresas de menos de 100 trabajadores, el requisito mínimo será la contratación de al menos un empleado a tiempo completo durante un año, mientras que en las compañías con un centenar de empleados o más se exigirá un aumento de dos trabajadores o del 1% de la plantilla.
El importe de la deducción será progresivo y proporcional al aumento del empleo. Así, si la plantilla crece menos de un 5%, la reducción equivaldrá al 25% del coste bruto de la subida del SMI correspondiente a los trabajadores que lo perciban. Este porcentaje se elevará al 50% si el incremento se sitúa entre el 5% y el 10%, al 75% si supera el 10% y al 100% cuando el aumento alcance o rebase el 15%. En todos los casos, las empresas deberán mantener ese nivel de empleo durante los dos años posteriores.
Hacienda advierte, además, de que el incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, junto con los intereses de demora, una cláusula destinada a reforzar el carácter finalista del incentivo y evitar usos oportunistas.
La propuesta llega en un momento clave de la negociación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado para este jueves una reunión con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme que ha calificado como “la última” antes de cerrar el acuerdo. Trabajo ya trasladó a los agentes sociales que la subida del SMI tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y que se situaría en el 3,1%, en línea con las recomendaciones de los expertos, pero la patronal ha mantenido hasta ahora su rechazo por el impacto en los costes empresariales.
Objetivo: llegar a un acuerdo con CEOE
Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que este incentivo fiscal puede servir para desbloquear la posición de la CEOE, al tiempo que refuerza el mensaje político del Gobierno de que el salario mínimo debe ser un suelo y no un techo. La idea, según ha trasladado el departamento de Díaz, es que las empresas “dejen de vivir en el SMI” y avancen hacia estructuras salariales más elevadas, apoyadas en la creación y el mantenimiento del empleo.
La negociación del SMI para 2026 se produce, además, en un contexto de desaceleración económica y moderación del empleo, lo que ha añadido tensión a un debate recurrente en el diálogo social. El Gobierno confía en que la combinación de subida salarial e incentivos fiscales condicionados permita cerrar un acuerdo que refuerce tanto el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos como la estabilidad de las empresas más expuestas.
