Las comunidades autónomas recibirán el próximo año 2024 los mayores recursos del sistema de financiación de su historia: 154.467 millones de euros, lo que supone un 14,9% más respecto al presente ejercicio. La polémica llega con el objetivo de déficit, que se ha fijado en el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
Así se ha comunicado en la reunión celebrada este mismo lunes por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las diferentes autonomías, donde ha salido a coalición la negociación entre PSOE y ERC para condonar parte de la deuda de Cataluña.
De hecho, como recogen desde RTVE, la consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, no ha acudido a la reunión precisamente por este motivo, alegando que la Generalitat cuenta con su propia vía de negociación. No obstante, Montero asegura que no existe esta negociación bilateral.
En concreto, el acuerdo con ERC incluía una condonación del 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que generó las protestas de otros gobiernos autonómicos. Ante las mismas, el Gobierno se excusó en que este mecanismo sería extensible al resto de comunidades de régimen común adscritas al mismo.
Mayor margen para las comunidades autónomas
El objetivo del déficit del 0,1% supone una décima más respecto al fijado en el Programado de Estabilidad de abril, pero sí es el porcentaje que se comunicó en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas el pasado octubre. Esta décima será asumida por la Administración central y el ejercicio estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, que se suspendieron primero por la pandemia y después por la Guerra de Ucrania.
En el caso de la deuda, se ha establecido un límite del 21,7% en 2024, del 21% en 2025 y del 20,3% en 2026. Por su parte, este martes, 12 de diciembre de 2023, se aprobará el techo de gasto y un plan de reequilibrio en el Consejo de Ministros. Tras su aprobación, se debe remitir a las Cortes, con la incertidumbre de qué pasará en el Senado ya que el Partido Popular tiene mayoría absoluta Cámara Alta, por lo que podría rechazar los objetivos de déficit y deuda adscritos al techo de gasto. Al respecto, desde el Gobierno aseguran que disponen de seguridad jurídica para redactar las cuentas públicas aunque el Senado echase para atrás estas medidas.
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