Hacienda agranda el agujero fiscal de los combustibles: hasta 700 millones de deuda

El impuesto de hidrocarburos es uno de los principales ingresos del Gobierno a través de Hacienda, pero también uno de los más vulnerables al fraude. Según los datos publicados por el Gobierno de España, la morosidad en este tributo alcanzó en 2022 casi el 6% de la recaudación total, lo que supone unos 700 millones de euros que no llegaron a las arcas públicas. El Ejecutivo, así, estrecha su cerco sobre las principales modalidades de evasión fiscal que afectan al mercado de los carburantes y las medidas que se están tomando para combatirlas.

El sector de los carburantes es uno de los más importantes para la economía y la sociedad, pero también uno de los más expuestos al fraude fiscal. Este fraude supone un perjuicio para el Estado, para el sector y para los consumidores, que ven afectados sus intereses y sus derechos. Para combatir este fraude, se requiere una mayor vigilancia y sanción por parte de las administraciones, así como una mayor colaboración y transparencia por parte de los operadores. Además de una mayor conciencia y exigencia por parte de los consumidores, que deben ser responsables y críticos con el producto que compran.

Según indica la Asociación Española de Operadores Petrolíferos, "el fraude lleva produciéndose, especialmente desde el año 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final".

El SIP, para espantar a las empresas fantasmas

Una de las formas más habituales de defraudar al fisco en el sector de los carburantes es la creación de empresas fantasma que venden combustible a precios muy bajos y luego desaparecen sin pagar el IVA, el gran agujero negro fiscal. Estas empresas suelen operar durante unos meses, aprovechando la diferencia entre el momento en que cobran el IVA al cliente y el momento en que tienen que ingresarlo al Estado.

Una práctica que genera una competencia desleal con las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, ya que pueden ofrecer precios más atractivos al consumidor. Además, supone una pérdida de ingresos para el Estado, que deja de recaudar un impuesto que representa el 21% del precio final del combustible.

Para evitar este tipo de fraude, el Gobierno ha introducido desde 2017 el sistema de inversión del sujeto pasivo (SIP) en el sector de los carburantes. Este sistema consiste en que el comprador del combustible es el responsable de ingresar el IVA al Estado, en lugar del vendedor. De esta forma, se elimina el riesgo de que el vendedor desaparezca sin pagar.

Sin embargo, este sistema no ha sido suficiente para erradicar el fraude, ya que algunas empresas siguen operando al margen del SIP o utilizan otros mecanismos para evadir impuestos. Por ejemplo, algunas empresas declaran ventas ficticias o infladas de biocarburantes, que tienen una menor carga fiscal que los carburantes convencionales.

El biocarburante, otro foco de fraude

Los biocarburantes son combustibles renovables que se obtienen a partir de materias primas vegetales o animales. Su uso tiene beneficios ambientales, ya que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia energética del exterior. Por eso, la Unión Europea establece unos objetivos mínimos de incorporación de biocarburantes en los carburantes convencionales.

Sin embargo, esta normativa también ha dado lugar a prácticas fraudulentas por parte de algunos operadores. Una de ellas es la falsificación del contenido o la procedencia del biocarburante, para beneficiarse de las ventajas fiscales o los certificados verdes que otorga la UE. Otra es la mezcla ilegal de biocarburantes con otros productos químicos para aumentar su volumen y su rentabilidad.

Estas prácticas suponen un engaño al consumidor, que paga por un producto que no cumple con las especificaciones técnicas ni con los estándares ambientales. Además, pueden provocar daños en los motores o en las instalaciones de almacenamiento y distribución.

Para evitar este tipo de fraude, se requiere un mayor control y trazabilidad del origen y la calidad de los biocarburantes, así como una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y europeas. También se necesita una mayor concienciación y responsabilidad por parte de los consumidores, que deben exigir información veraz sobre el producto que adquieren.

La entrada de combustible ruso, otro factor a tener en cuenta

Otro fenómeno que está afectando al mercado de los carburantes es la entrada masiva de combustible procedente de Rusia. Según algunas fuentes, este país estaría exportando grandes cantidades de gasóleo a Europa a precios muy competitivos, aprovechando la debilidad del rublo y la capacidad excedentaria de sus refinerías.

Esta situación podría tener un impacto negativo en el sector español, ya que podría reducir la demanda y los márgenes de las empresas nacionales. Además, podría generar problemas logísticos y ambientales, puesto que el combustible ruso tendría que adaptarse a las normas europeas de calidad y emisiones. Para hacer frente a este reto, el sector español debería apostar por la innovación y la eficiencia, así como por la diversificación de sus fuentes de suministro. También debería contar con el apoyo de las autoridades, que deberían garantizar unas condiciones de competencia justas y equitativas para todos los operadores.