El Gobierno de España abordará la próxima semana la creación de una regulación específica para los alquileres de temporada, según adelanta ‘La Vanguardia’, con tal de minimizar en la medida de lo posible las prácticas fraudulentas de propietarios que no respeten la Ley de Vivienda, implantada el pasado mes de abril. Ocurre con los alquileres temporales, destinados teóricamente para estudiantes y trabajadores desplazados pero que en la práctica se han generalizado para aquellos que buscan eludir las restricciones establecidas para los arrendamientos permanentes.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en su artículo 3, establece que el alquiler de temporada regula contratos vinculados a actividades específicas, como industriales, comerciales, artesanales, recreativas, asistenciales, culturales o docentes. Sin embargo, la Ley de Vivienda no aborda de manera explícita esta modalidad.
La oferta de alquileres temporales distorsiona el mercado
La situación ha llevado al Gobierno, por tanto, a reconocer que este tipo de alquileres está afectando la oferta de arrendamientos tradicionales, especialmente en áreas urbanas centrales, conocidas como "áreas tensionadas". Paralelamente, los alquileres de temporada, según ‘Idealista’, experimentaron un incremento del 40% en el último año, mientras que las ofertas de viviendas en alquiler permanente cayeron un 12%.
Ciudades como Barcelona y San Sebastián lo ejemplifican, donde uno de cada tres pisos ofertados en alquiler pertenece a la modalidad de temporada, como también señala ‘Idealista’. En Valencia, este porcentaje alcanza el 13%, mientras que en Madrid, del 11%. Aunque el fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes, ya que las ofertas de arrendamiento tradicional han experimentado una caída generalizada. Según el portal inmobiliario, "un número cada vez mayor opta por pasarse a los arrendamientos de temporada que, si bien tienen claras limitaciones, ofrecen al propietario un entorno menos rígido y perfectamente legal".
Para abordar esta problemática, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado la creación de un grupo de trabajo específico conformado por diversos actores del sector y cuya primera reunión está programada para este viernes, 22 de diciembre. En la misma se buscará establecer una diferenciación tácita entre los contratos de alquiler tradicionales y los de temporada, reconociendo que son dos modalidades contractuales "totalmente diferentes", según fuentes gubernamentales.
Normativa para las viviendas de uso turístico
Los contratos de arrendamiento de habitaciones, una modalidad que a menudo es utilizada por ciudadanos extranjeros que llegan a España, también será estudiada. Además, el Gobierno activará un equipo específico para elaborar una normativa estatal que regule las viviendas de uso turístico. El Ministerio de Industria y Turismo convocará un segundo grupo de trabajo con el objetivo de proporcionar un marco legal a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, evitando la proliferación descontrolada de alojamientos turísticos que se comercializan al margen de la ley.
Esta acción busca responder a las demandas del sector inmobiliario y turístico, que lleva reclamando mucho tiempo al Gobierno un marco normativo estatal para abordar la situación que impacta directamente en sus negocios y en la población. Cabe destacar que recientemente, el Tribunal Supremo avaló el veto impuesto por algunas comunidades de vecinos a los apartamentos de uso turístico, al interpretar que estos alquileres deben considerarse como una actividad económica, prohibida en los estatutos de algunas comunidades de propietarios.
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