La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Ana Ercoreca, ha criticado este lunes que el acuerdo para subir un 11,4% el salario de los empleados públicos entre 2025 y 2028, firmado por el Gobierno, CSIF y UGT, constituye un “fraude de ley”, al extenderse más allá del periodo legislativo, que finaliza en 2027, y ha advertido que, al no incorporar la evolución real del IPC, “se quedará en nada”.
La responsable de Fedeca, ha explicado que el personal de la Administración ha perdido más del 44% de poder adquisitivo desde 1982, debido a que las revisiones retributivas aplicadas en estas décadas no han evolucionado de acuerdo con el ritmo de la inflación real. Ha recordado, además, que en 2010 se eliminó una paga extra, lo que supuso una pérdida adquisitiva que ha cifrado en más de 14.000 euros.
Ercoreca ha subrayado a continuación que las previsiones del Banco de España sitúan la inflación en el 2,5% para este año, un porcentaje que coincide con el incremento fijado por el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. “Por lo tanto, no supone una subida ni una mejora real”, ha añadido.
La presidenta de Fedeca ha apuntado que el cálculo de las retribuciones debe contemplar factores externos que influyen de forma directa en el coste de vida, como la volatilidad de los precios energéticos dentro del IPC y la evolución del mercado inmobiliario. Ha enfatizado en la cuestión del alquiler, que afecta especialmente a los jóvenes que acceden por primera vez a la Administración y se trasladan a ciudades con precios elevados como Madrid y Barcelona.
“Si la subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida no será real, no será objetiva y supondrá una pérdida del poder adquisitivo”, ha insistido, aunque ha valorado de forma positiva la existencia de una senda plurianual de incrementos.
Para cerrar su valoración, Ercoreca ha alertado de que el acuerdo podría incurrir en un “fraude de ley”, puesto que establece subidas hasta 2028 cuando la legislatura concluye en 2027 y es el Congreso quien debe avalar las revalorizaciones salariales.
Reducción de los tiempos
En otro plano, la presidenta de Fedeca ha celebrado la reducción de los tiempos de tramitación en las ofertas de empleo público, aunque se ha mostrado reservada respecto a la promoción vertical en la Administración, al considerar que facilita ascensos “sin haber acreditado los conocimientos” del funcionariado.
“Nadie nos meteríamos a un quirófano si el cirujano o el personal sanitario no fuera bueno. Lo que necesitamos, queremos y demandamos es una función pública basada en la excelencia, en el principio de igualdad, mérito y capacidad”, ha remarcado.
Ercoreca ha advertido además de que el número de empleados públicos en España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y ha señalado que, en los próximos años, se producirá un volumen significativo de jubilaciones, lo que precipitará un proceso amplio de renovación en la Administración.
