Convertir tu casa en un alojamiento turístico ya no es solo una decisión que afecta a tu economía, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Desde que la Ley de Propiedad Horizontal lo permite, tus vecinos tienen el derecho legal de aprobar un recargo de hasta un 20% en los gastos comunes si decides alquilar tu vivienda a través de plataformas como Airbnb.
Esta medida busca equilibrar el auge del turismo de corta estancia con la convivencia vecinal y el mantenimiento de los edificios. De este modo, se intenta compensar el mayor uso de las zonas comunes y asegurar que la actividad comercial no perjudique la armonía de la comunidad de propietarios.
Lo que dice la ley
De acuerdo al artículo 17, apartado 12 de la LPH, publicado en el BOE, la comunidad de propietarios puede aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad turística dentro del inmueble.
Y si el edificio decide permitirla, también puede establecer cuotas especiales o aumentar los gastos comunes de quienes alquilan su vivienda con fines turísticos, siempre dentro del límite del 20%.
Para ello, la norma exige un acuerdo de tres quintas partes de los propietarios y del total de las cuotas de participación. Además, no puede aplicarse con efecto retroactivo; es decir, no se puede penalizar lo que ya se venía haciendo antes del acuerdo.
En la práctica, esto significa que si el alquiler turístico de tu piso genera más ruido, desgaste o gastos, tu comunidad puede repercutir parte de ese coste. Una medida que, según algunos administradores de fincas, busca “dar margen a los vecinos sin necesidad de litigios interminables”.
El turismo y la presión sobre la vivienda
España es uno de los países europeos con más viviendas dedicadas al turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tan solo en 2025 había más de 350.000 pisos con uso turístico registrados, un 7% más que el año anterior a ese. Mientras tanto, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, la escasez de vivienda y los precios disparados del alquiler siguen marcando la norma.
El Banco de España calcula que desde 2015 el peso del alquiler turístico ha contribuido a encarecer el alquiler residencial hasta en un 10% en zonas de alta demanda. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda advierte que el 40% de los jóvenes españoles ya dedica más del 40% de sus ingresos al alquiler, una cifra que supera con creces los niveles recomendados por la Unión Europea.
La LPH aclara también que estos acuerdos obligan a todos los propietarios, incluso a los ausentes, siempre que hayan sido debidamente convocados y no manifiesten su oposición en el plazo legalmente establecido.
