El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 que está adscrita al Gobierno, aprueba una convocatoria pública de 100 millones de euros para comprar viviendas privadas repartidas por toda España que pasarán a formar parte del parque público estatal y se destinarán al alquiler asequible. La iniciativa permitirá a propietarios particulares y empresas ofrecer sus inmuebles para su compra por parte del Estado.
Las propuestas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y el proceso permanecerá abierto durante cuatro meses. El programa priorizará las viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, aunque también se valorarán las ofertas que incluyan bloques completos o conjuntos de viviendas.
Todo esto responde a la enorme crisis de vivienda que vive España actualmente, en la que el precio de la vivienda se ha disparado un 13% y ha vuelto a marcar récords. Los jóvenes y no tan jóvenes cada vez lo tiene más difícil ya no solo para acceder a la compra de un inmueble, sino también para alquilar.
Qué tipo de viviendas se van a vender
Según la convocatoria, hay una serie de requisitos técnicos para los inmuebles que pueden ofertarse, por lo que no valdrá cualquiera. Solo se admitirán viviendas en altura que no sean unifamiliares, con superficies de entre 40 y 120 metros cuadrados y con al menos un 75% de superficie útil sobre el total construido. Otro requisito es que deben ser exteriores o contar con ventilación adecuada, y no podrán tener dormitorios sin ventanas.
Las viviendas deberán incluir cocina, salón o estancia principal y al menos un baño completo, todo ello como mínimo. También se admitirán estudios o lofts en los que el salón, la cocina y el dormitorio compartan un único espacio. En el caso de los edificios, el ascensor será obligatorio cuando la vivienda esté situada a partir de la cuarta planta.
Uno de los requisitos clave es que el inmueble se entregue vacío y libre de arrendatarios u ocupantes, aunque sí podrá incluir instalaciones fijas o equipamiento básico de cocina. Asimismo, el inmueble deberá transmitirse libre de cargas, aunque se permite que tenga hipoteca siempre que esta quede cancelada en el momento de la compraventa.
Reformas limitadas y exclusión de VPO
El programa también contempla la compra de viviendas que necesiten una reforma limitada, siempre que la obra no requiera nuevas licencias de habitabilidad y pueda ejecutarse en un plazo aproximado de hasta seis meses. El coste total de la operación ,contando con el precio de compra y la rehabilitación, no podrá superar el 110% del valor de tasación.
Quedan fuera de la convocatoria las viviendas protegidas (VPO) reguladas por la normativa autonómica.
Cómo se fijará el precio de compra
El precio final se determinará mediante concurso público y se calculará tomando como referencia el menor valor entre el precio ofertado por el propietario, la tasación del inmueble y el precio medio por metro cuadrado en la zona, según los datos del Portal Estadístico del Notariado.
De esta forma, el Estado busca evitar pagar por encima del mercado. Como ejemplo, una vivienda de 70 metros cuadrados situada en una zona donde el precio medio sea de 2.000 euros por metro cuadrado tendría un valor máximo de 140.000 euros.
Documentación y proceso de adjudicación
Los propietarios deberán presentar documentación técnica como nota simple registral reciente, certificación catastral y certificado de eficiencia energética, entre otros documentos. Antes de formalizar la compra, Casa 47 realizará una visita técnica y un informe de aptitud del inmueble.
La formalización de la compraventa se realizará mediante escritura pública, generalmente en un plazo que puede ir desde 15 días tras la adjudicación hasta un máximo de dos meses, con posibilidad de ampliación excepcional.
Con esta convocatoria, el Ejecutivo pretende incrementar el parque público de vivienda en alquiler, uno de los principales déficits estructurales del mercado residencial español, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas donde la presión de los precios se ha intensificado en los últimos años.
