
El Gobierno ultima los últimos detalles de su plan de medidas para contener los desorbitados e históricos precios pagados en la factura de la luz, por encima de la barrera psicológica de los 200 euros el megavatio hora prácticamente desde el otoño. Un escenario que se ha recrudecido tras el estallido del conflicto bélico en Ucrania tras la invasión de Rusia, uno de los principales exportadores europeos de gas natural, la principal fuente de energía y que acaba marcando el precio de las demás en el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Ello obligó al Ejecutivo a proceder a rebajar los impuestos sobre la factura eléctrica, y ahora se ve obligado a volver a actuar con tal de aliviar en la medida de lo posible los bolsillos de los consumidores españoles. Y la Comisión Europea ha accedido a las peticiones españolas, y también portuguesas, que imploraban canales de acción para desvincular el precio del gas del mercado eléctrico.
Pese a las suspicacias de países como Alemania o los Países Bajos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió que la Comisión Europea declarara “isla energética” a España y Portugal, tras fajarse en una dura negociación que bordeó los límites y en la que incluso amenazó con abandonar la sala. De esta manera, ambas naciones ya preparan su propuesta conjunta para enviarla a Bruselas con tal de acortar los plazos.
¿Qué medidas rebajarán el precio de la luz?
El escudo antiinflación eléctrica que preparan codo con codo ambas naciones de la Península Ibérica se basa en limitar el precio del gas en torno a los 50 euros. Es la principal medida de la batería de acciones a la que ha tenido acceso ‘El Periódico’, y la más sensible. Establecido su precio medio en 20 euros desde que existe el OMIE, se ha quintuplicado en tan solo dos años, pasando a 100. Esos 50 euros que pretende el Ejecutivo no son definitivos, ya que se intentarán rebajar aún más.
También se planea que sea el sistema eléctrico el que compense la diferencia entre el precio máximo del gas y el coste real. Se descarta, de esta manera, que sea equilibrado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del déficit de tarifa o de una subvención. En otras palabras, el resto de tecnologías serán las que paguen esa divergencia según su participación, como afirma el citado medio.
Además de vender electricidad al precio ordinario a Francia, estableciendo una doble casación que no afecte a ello. Era una de las dudas. Qué pasaría con la interconexión eléctrica con Francia, calificada de baja (cifrada en el 2,8%) a tenor del objetivo establecido del 10% para 2020, y que podría provocar un incremento de la venta dado que estuviera más barata en la Península Ibérica. De esta manera, se instaurará una burbuja para Portugal y España en la que se calibrará cada hora la oferta y la demanda de la facturación de la electricidad en el mercado entre estos y Francia. Así, se evitarán las distorsiones que pudieran provocarse en el mercado.
¿Hasta cuándo durarán estas medidas?
Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, declaró en el ‘Canal 24 horas’ que se tardará en tres o cuatro semanas la implantación real de estas medidas. Todo por la burocracia que implanta la Comisión Europea para obtener la autorización de Bruselas. Su duración, como también remarcó, será temporal, hasta finales de 2022, “si antes no se produce una caída del gas, que no parece probable”.

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