La rebaja de impuestos aplicada por el Gobierno en la recta final de marzo ha reducido un 2,5% la factura de la luz del usuario medio acogido a la tarifa semirregulada, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), según el análisis difundido por FACUA-Consumidores en Acción. El recibo se situó en 71,35 euros, frente a los 73,19 del mes de febrero.
La asociación vincula este descenso a la entrada en vigor, el pasado 21 de marzo, del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La norma redujo el IVA del suministro eléctrico al 10% y el impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. De no haberse aprobado esa rebaja fiscal, sostiene FACUA, la factura de marzo habría ascendido a 82,09 euros, un 12,2% más que en febrero.
En términos interanuales, el recibo también arroja una moderación. Los 71,35 euros de marzo de 2026 quedan un 6,1% por debajo de los 75,99 euros registrados en el mismo mes de 2025. La comparación con ejercicios anteriores refleja, además, la fuerte volatilidad del mercado eléctrico en los últimos años. FACUA recuerda que la factura del usuario medio fue de 58,53 euros en marzo de 2024, de 71,57 en 2023 y de 176,73 en 2022, en pleno episodio de encarecimiento extraordinario de la energía.
Análisis del recibo y evolución de los precios
El análisis de la organización sitúa el precio medio del kilovatio hora en 23,87 céntimos en horario punta, 14,06 céntimos en llano y 12,17 céntimos en valle. Frente a marzo del año pasado, esos importes representan caídas del 6,3% en punta, del 6,5% en llano y del 2,4% en valle. También se reduce el término de potencia, que pasa de 3,30 euros en enero y febrero a 2,87 euros tras la rebaja tributaria. Durante todo 2025, esa parte fija del recibo se mantuvo en 3,21 euros.
FACUA sostiene, sin embargo, que la rebaja impositiva no corrige los problemas de fondo del sistema de fijación de precios. La asociación reclama desde hace años que la energía nuclear y la hidráulica queden fuera de la subasta marginalista diaria y pasen a operar con precios fijos establecidos a largo plazo por el Gobierno. A su juicio, ese cambio evitaría los llamados beneficios caídos del cielo de tecnologías cuyos costes no guardan relación con los precios más altos que terminan marcando el mercado.
La organización también reprocha al Ejecutivo que el nuevo decreto se limite a una rebaja fiscal y deje fuera otras medidas que considera necesarias para contener el recibo. Entre ellas cita la recuperación de un tope al gas, al que atribuye el encarecimiento del conjunto de tecnologías que concurren en la subasta diaria, y la fijación de precios máximos en el sector eléctrico.
FACUA reprocha al Gobierno la falta de impulso al bono social
Junto a ese diagnóstico sobre el mercado mayorista, FACUA vuelve a poner el foco en dos cuestiones domésticas que, a su juicio, siguen desatendidas. Por un lado, denuncia la falta de campañas institucionales potentes para impulsar la solicitud del bono social, una ayuda que, según la asociación, continúa infrautilizada por desconocimiento o por la falsa creencia de que no se tiene derecho a ella. Por otro, insiste en la necesidad de que los consumidores revisen la potencia contratada. La organización calcula que los hogares pagan cerca de mil millones de euros de más al año por tener más kilovatios de los que realmente necesitan.
El perfil de usuario utilizado por FACUA para sus cálculos es el de una vivienda con 4,4 kilovatios de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora. Ese patrón reparte el uso de la electricidad entre un 45% en horario valle, un 29% en punta y un 26% en llano, conforme a la referencia de consumo medio tradicional publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sobre esa base, la asociación concluye que la rebaja fiscal aprobada en marzo ha aliviado el recibo, aunque insiste en que el problema estructural del sistema eléctrico sigue intacto.
