Francia acaba de darle la vuelta al tablero europeo de las bolsas de nicotina. Mientras el Ministerio de Sanidad español insiste en una prohibición de facto (escondida bajo un límite inalcanzable de 0,99 mg de nicotina por bolsita), París elige justo el camino contrario y apuesta por un estándar nacional, el XP V37-500, que regula, controla y garantiza la seguridad de estos productos permitiendo hasta 16,6 mg por sobre, una cifra 17 veces superior al tope que pretende fijar la ministra Mónica García.
El resultado no deja lugar a dudas. España se queda sola en el prohibicionismo, su decreto pasa a estar en la cuerda floja y la política de Sanidad sufre el revolcón de la Unión Europea, de su propio organismo regulador y de los expertos en salud pública, tal y como explica 2FIRST. No solo Suecia rechaza la maniobra española. Italia, Rumanía, Hungría, República Checa y Grecia también han presentado objeciones a este plan, sumando presión internacional para que España abandone el veto y opte por una regulación basada en la evidencia.
De penas de prisión a “garantía fiable de calidad”
La decisión francesa marca un punto de inflexión, ya que Hace apenas unas semanas, Francia preparaba penas de prisión incluso para quienes portaran una sola bolsa de nicotina. La presión de siete Estados miembros de la UE y la evidencia sueca han obligado al Ejecutivo galo a cambiar de rumbo y donde antes planeaba la prohibición absoluta, ahora hay una norma pionera que, según BAT France, “ofrece una garantía fiable de calidad y transparencia para los productos destinados a consumidores adultos”.
El estándar francés XP V37-500 establece requisitos que son muy estrictos. Según la norma solo permite ingredientes de grado alimenticio o farmacéutico, impone la trazabilidad total de las materias primas (para saber de donde vienen), exige evaluación toxicológica de cada componente y obliga a un etiquetado exhaustivo y envases a prueba de manipulaciones. Todo, bajo el paraguas de la experiencia regulatoria de Reino Unido y Suecia, que llevan años aplicando reglas similares.
Prohibir no es la solución
La clave no está solo en el control, sino en el límite de nicotina autorizado, que se sitúa en 16,6 mg por bolsa, en línea con los mercados europeos, frente a los 0,99 mg que intenta imponer España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había alertado: “La medida establecería de facto una prohibición a la comercialización en el mercado español de un producto que sí puede venderse en otros países de la Unión Europea”.
Así, mientras Francia asume la evidencia científica y la presión europea, Sanidad se aferra a un modelo que carece de respaldo normativo y que ni siquiera se aplica en el entorno comunitario. Ni la ministra Mónica García ni su equipo han presentado estudios, cifras de impacto o informes sobre el número de afectados. De hecho, desde Bruselas se ha obligado a paralizar la reforma al menos tres meses para su revisión, ante el aluvión de objeciones.
En el epicentro del debate está el ejemplo sueco, que ha convertido las bolsas de nicotina en el método más eficaz para dejar de fumar, especialmente entre mujeres. Un estudio internacional certifica que quienes usan estas bolsas triplican la probabilidad de abandonar el tabaco en comparación con parches, chicles o vapeadores. El resultado es, que Suecia ha reducido el tabaquismo femenino un 49% desde que se permitió este producto, y su tasa de fumadores es la más baja de Europa. “Prohibir estos productos no solo es mala política, es una catástrofe sanitaria”, resume el presidente de Smoke Free Sweden, Delon Human.
Frente a la transparencia francesa y los datos suecos, España mantiene el secretismo, ya que no hay ni estimaciones ni datos sobre cuántos consumidores quedarán fuera de la ley ni previsiones sobre el impacto real en la salud pública. La CNMC insiste en que “no se ha justificado por qué se fija exactamente el límite de 0,99 mg ni cómo esa restricción protegería la salud”.
