Comprar una vivienda es un paso complicado, no solo por la dificultad de encontrar la casa ideal, sino por la cantidad de trámites a realizar y la gran cantidad de dinero a invertir. Esta operación suele complicarse aun más en el caso de los compradores primerizos y sobre todo si no disponen de toda la información relevante a la hora de decidir. Justo esto es lo que le pasó a un joven parisino que, a pocos días de firmar la escritura de su primer piso, descubrió que tendría que asumir hasta 32.000 euros en gastos de comunidad que nadie le había advertido.
El comprador encontró a finales de 2024 un pequeño apartamento de algo más de 30 metros cuadrados en París. Según la información publicada por Figaro Inmobiler, durante el proceso el agente inmobiliario le comentó que se esperaban algunas obras en la comunidad de vecinos, pero nada que le hiciera sospechar de una derrama de más de 30.000 euros.
Tras revisar las actas de la junta de propietarios, percibió que “la copropiedad es complicada”, aunque decidió seguir adelante y firmó el contrato preliminar en enero de 2025. La escritura definitiva quedó fijada para el 24 de junio. Sin embargo, apenas unos días antes recibió la convocatoria de una junta general prevista para el 4 de julio. El documento, de 74 páginas, revelaba una realidad muy distinta.
La comunidad había sido demandada y tenia que afrontar una obra de 443.000 euros
Al leer la documentación de la convocatoria de la Junta de propietarios, el joven descubrió que la comunidad había sido demandada por el desbordamiento de aguas residuales hacia el edificio vecino y que un tribunal la había declarado responsable. Un perito judicial cifró las reparaciones en 443.000 euros. Su parte proporcional podría alcanzar los 32.000 euros.
“Sentí como si hubiera metido la mano en una trituradora de papel”, explicó el comprador, que ya había solicitado una hipoteca y no podía asumir ese sobrecoste. Además, se sintió desatendido cuando pidió explicaciones. “No paraba de decirme que no entendía nada”, afirmó en referencia al agente inmobiliario.
El joven recurrió a una abogada especializada en derecho inmobiliario. Según expuso, ni el vendedor, ni el notario, ni la agencia habían mencionado el procedimiento judicial en curso ni las importantes derramas derivadas del mismo. El anuncio tampoco hacía referencia a ningún litigio.
La letrada envió una carta formal alegando incumplimiento del deber de información y vulneración del principio de buena fe en la fase precontractual. En ella sostuvo que el contrato preliminar era nulo por haberse prestado el consentimiento sin conocer un elemento esencial que afectaba de forma determinante al valor económico del inmueble.
Finalmente, el notario y la agencia aceptaron cancelar la operación. El comprador recuperó los 13.500 euros entregados como señal. Aunque la inmobiliaria llegó a ofrecer una rebaja en el precio, él la rechazó por considerar que el problema iba más allá de una simple negociación económica. Incluso la vendedora aseguró desconocer la magnitud del conflicto, aunque constaba su participación en votaciones anteriores relativas a las obras.
