Los funcionarios verán subidas sus nóminas y antes de 2026. El Gobierno ha firmado un pacto con los principales sindicatos de la Función Pública (CSIF, UGT y CC OO) con el que se busca garantizar, entre otras cosas, que sus salarios no se vean afectados por el poder adquisitivo. De esta forma, las nóminas de los más de tres millones de funcionarios en España se verán incrementadas un 11% en el periodo 2025-2028.
Ahora ¿Cuánto costará? Pues según fuentes del ejecutivo, esta subida salarial supondrá un coste para las arcas del Estado de unos 22.000 millones de euros en términos acumulados. Ahora, esta subida no solo busca recuperar poder adquisitivo, sino que también incorpora cambios estructurales como la eliminación de la tasa de reposición para reforzar las plantillas.
¿Cuándo empezará este subida? Pues desde ya, porque aunque el acuerdo se haya firmado ahora, la subida de este 2025 tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero. Es decir, que es muy probable que los trabajadores reciban un extra o “paguilla” en la nómina de diciembre (la que se cobra a final de mes) que corresponde al 2,5% correspondiente al ejercicio de este 2025.
Una ‘paguilla’ de diciembre
Hacienda incorporará un mecanismo para que los funcionarios recibirán en diciembre un pago único en concepto de atrasos. Este abono compensa el incremento no percibido durante los meses anteriores del año en curso. La cuantía que cobrarán será el cálculo de tomar como base las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024 y aplicando el 2,5% sobre las 14 pagas del año completo.
Para entenderlo mejor, como se notará esta subida en la nómina de los funcionarios, pensemos en un funcionario con un sueldo base de 861,46 euros brutos, más antigüedad y complementos habituales, recibirá un abono de atrasos en diciembre de aproximadamente 636,3 euros. El pago se realizará de oficio si el empleado no ha cambiado de destino; en caso contrario, deberá solicitarlo al órgano competente.
Nuevas subidas que irán desde los 154 a 220 euros mensuales
Esta será la primera de otras tres más que están por venir. En 2026, la subida será del 1,5% fijo más 0,5% variable vinculado al IPC; en 2027 será un 4,5% y un 2% para 2028.
| Ejercicio | Subida Fija | Subida Variable | Total Máximo Anual | Detalles de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | — | 2,5% | Pago único en diciembre con carácter retroactivo desde el 1 de enero. |
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | El 0,5% variable se abona en 2027 si el IPC de 2026 iguala o supera el 1,5%. |
| 2027 | 4,5% | — | 4,5% | Incremento fijo consolidado. |
| 2028 | 2,0% | — | 2,0% | Incremento fijo consolidado. |
| TOTAL | 11% | Incremento acumulado al final del periodo. |
La cuantía dependerá de la nómina así como el grupo de funcionarios al que pertenezca:
- Grupos Superiores (A1): Los funcionarios de mayor rango, con un salario medio de 48.606 euros anuales, experimentarán un incremento medio de 154 euros al mes al final del periodo. En los tramos más altos de ingresos (aquellos que superan los 5.500 euros mensuales), la revalorización prevista para 2026 podría traducirse en un aumento de hasta 220 euros al mes.
- Grupos Intermedios (A2): Para este colectivo, con un sueldo medio actual de 38.023 euros, la mejora mensual se situará en el entorno de los 120 euros.
- Grupo C1: Este segmento, que parte de una media de 27.994 euros, verá incrementada su nómina en unos 89 euros mensuales de media, acumulando una subida total de 3.202 euros anuales en 2028.
Hay que saber que más allá de las cifras, el acuerdo tiene una lectura política y económica de calado. El Gobierno quiere desactivar esa “amenaza” de conflictividad laboral, los sindicatos avisan de que la subida inicial del 2,5% en 2025 podría no batir la inflación acumulada (se preve que el IPC alcance el 2,7%). Para mitigarlo, se ha introducido una cláusula de garantía para 2026, en la que dice, que si la inflación supera el 1,5% previsto, se activará un 0,5% adicional que se abonaría a principios de 2027.
A esta subida salarial se suma otra y es la que afecta a la temporalidad y el envejecimiento de las plantillas. La eliminación de la tasa de reposición (que limitaba las nuevas contrataciones en función de las jubilaciones) permitirá a las administraciones convocar plazas basándose en necesidades reales de servicio, no en meras estadísticas de bajas. A esto se suma el compromiso de agilizar los procesos selectivos para cubrir vacantes con mayor celeridad, un paso necesario para modernizar una función pública que enfrenta un relevo generacional crítico.
