Logo de Huffpost

Uatae reclama a Yolanda Díaz rebajas fiscales y ayudas urgentes para los autónomos ante el efecto económico del conflicto en Irán

Proponen reducciones del IVA energético o aplazamientos de cuotas para proteger a los autónomos con ingresos más bajos.

María José Landaburu y Yolanda Díaz
María José Landaburu y Yolanda Díaz |MITES
Antonio Montoya
Fecha de actualización:
whatsapp icon
linkedin icon
telegram icon

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Uataepide al Gobierno que adopte medidas fiscales extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos con el fin de hacer frente al impacto económico que podría provocar el conflicto en Oriente Próximo sobre las pequeñas actividades económicas. La petición se ha trasladado este jueves a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una reunión para ver posibles respuestas ante la escalada geopolítica.

Entre las propuestas planteadas figura la reducción temporal del IVA en suministros esenciales, como la electricidad, el gas o los combustibles profesionales, siempre vinculada a criterios de renta y tamaño de la actividad. Según la organización, este tipo de medidas permitiría aliviar el incremento de costes que podría derivarse de la inestabilidad energética internacional.

La reunión se produce en un contexto de creciente preocupación por las repercusiones económicas de la guerra en Oriente Próximo. Horas antes, Díaz había mantenido otro encuentro con CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, en el cual se comprometió a seguir evaluando con los agentes sociales la evolución del conflicto y sus efectos sobre la economía española. La ministra recordó además que el país dispone de un “escudo laboral y económico” desarrollado en los últimos años, especialmente durante la pandemia, que podría activarse si la situación se deteriora.

Deducciones fiscales y alivio de tesorería

Además de la rebaja del IVA energético, Uatae plantea acelerar la devolución del IVA soportado para evitar problemas de liquidez en los negocios más pequeños. La organización propone también una deducción extraordinaria en el IRPF destinada a compensar el aumento de los costes energéticos y logísticos que podrían soportar los autónomos si la tensión internacional se traduce en un encarecimiento de los combustibles.

El paquete de medidas incluye igualmente aplazamientos automáticos y sin intereses de obligaciones fiscales y cotizaciones sociales para los autónomos con caída demostrada de ingresos o bajos rendimientos. Asimismo, plantea reducciones temporales de las cuotas a la Seguridad Social en los sectores más expuestos al incremento de costes.

En un escenario más grave, la organización sugiere activar la prestación por cese de actividad por causa de fuerza mayor, con el fin de garantizar ingresos a los trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a paralizar su actividad.

Medidas para energía, transporte y comercio

El plan defendido por Uatae también incorpora propuestas de carácter estructural, entre ellas el impulso al autoconsumo energético, el apoyo a comunidades energéticas y la financiación para electrificar actividades profesionales, con el objetivo de reducir la dependencia energética del tejido productivo.

La organización plantea además recuperar instrumentos de control del mercado energético, como un posible tope al precio del gas en el mercado mayorista, y reforzar los mecanismos de supervisión para evitar prácticas especulativas por parte de grandes compañías energéticas y petroleras.

El documento recoge también medidas específicas por sectores. Para el transporte, propone bonificaciones al gasóleo profesional y ayudas directas por vehículo; para la agricultura, aplicar IVA superreducido o tipo cero a fertilizantes, piensos y gasóleo agrícola. En el comercio y las pequeñas actividades, sugiere ayudas directas para afrontar el aumento de los costes de energía y alquileres, así como el refuerzo de programas de bonos comercio en barrios y zonas rurales.

Las propuestas se enmarcan en el debate abierto en el Gobierno y entre los agentes sociales sobre cómo responder a las posibles consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo, especialmente si la tensión internacional acaba trasladándose a los precios de la energía y al coste de las materias primas.