Las organizaciones Uatae, Fenadismer, COAG y Fedepe han presentado una propuesta para bonificar parcialmente las cuotas de los trabajadores autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) o en tramos intermedios, con el fin de ajustar la base de cotización a la capacidad económica real de cada contribuyente.
Esta iniciativa llega en pleno análisis del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, implantado en 2023, y que ha suscitado quejas por su complejidad y las dificultades para ajustar las cuotas a los ingresos efectivos. Las asociaciones de autónomos insisten en que este modelo solo será justo si corrige la infracotización de las rentas altas y protege a las más bajas, garantizando así la sostenibilidad del sistema y la equidad contributiva.
La propuesta, que se llevará a la mesa de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, plantea una bonificación regresiva, más alta para quienes menos ingresan y decreciente a medida que se asciende en los tramos. La iniciativa, además, pretende reducir la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres concentran buena parte de los tramos de ingresos más bajos.
“No nos negamos a pagar. Lo que queremos es pagar bien, pagar mejor, pagar cada uno lo que le corresponde y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenga un nivel de protección suficiente”, declaró María José Landaburu, secretaria general de Uatae.
Redistribución del esfuerzo
El documento presentado señala que si los autónomos con ingresos superiores a 4.050 euros mensuales (alrededor del 13% de los afiliados al RETA) cotizasen conforme a sus ingresos reales, la Seguridad Social recaudaría 3.900 millones de euros adicionales. Estos fondos podrían destinarse a reducir la cuota de los autónomos con rentas más bajas.
Las entidades proponen financiar las bonificaciones con los 1.000 millones anuales que se dedican a la tarifa plana de 80 euros, una medida que consideran “ineficaz” porque no genera empleo autónomo neto: cada año se benefician unos 400.000 autónomos, pero una parte significativa se da de baja una vez agotado el periodo de bonificación.
Cuota de solidaridad y cese de actividad
Entre otras medidas, el texto sugiere extender al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la cuota de solidaridad ya aplicada en el régimen general, que podría generar más de 2.500 millones de euros de recaudación adicional. También reclama que el Estado asuma los gastos impropios del RETA, estimados en más de 4.000 millones de euros, en lugar de cargarlos sobre la Seguridad Social.
Las organizaciones piden asimismo reformar la prestación por cese de actividad y extender los subsidios por desempleo para mayores de 52 años al colectivo autónomo. Proponen simplificar los trámites para acceder a estas ayudas y hacer obligatoria la cotización por cese de actividad para todos los afiliados, de modo que se amplíe la protección social.
