El Gobierno de Canarias ha aprobado elevar hasta 50.000 euros anuales el umbral de facturación para que los autónomos queden exentos de pagar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) si no superan esa cantidad. La medida entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2026 y permitirá a miles de profesionales dejar de abonar este tributo. La iniciativa beneficiará a unos 11.000 autónomos, según declaraciones del ejecutivo recogidas por Europa Press.
El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha presentado este miércoles la reforma, que busca “aliviar” las cargas fiscales y burocráticas de los pequeños empresarios en un contexto marcado por la inflación y el aumento de costes. “Es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable”, ha subrayado.
La medida, articulada a través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP), permitirá a los autónomos acogidos que el IGIC no repercuta en sus facturas. A cambio, estos no podrán deducirse el impuesto soportado en sus compras, una fórmula que simplifica sustancialmente sus obligaciones tributarias.
Simplificación administrativa
Uno de los principales efectos de la reforma será la reducción de las cargas administrativas. Los autónomos que se acojan a este régimen reducirán sus autoliquidaciones trimestrales pasando de presentar cuatro a solo una única declaración anual a partir de 2027. El Ejecutivo considera que esta simplificación reducirá errores formales y requerimientos por parte de la Agencia Tributaria Canaria.
La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo al trabajo autónomo, que incluye medidas adicionales que apoyan la conciliación laboral, la contratación, las bajas por incapacidad laboral y la inversión a través de la bonificación.
Un modelo singular en España
Canarias se convierte con esta reforma en la única comunidad autónoma que aplica de forma efectiva la franquicia fiscal prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, superando el umbral fijado en torno a 40.000 euros por esta.
Domínguez defiende que la iniciativa responde tanto a la necesidad de adaptar la fiscalidad a la normativa europea como a criterios de “justicia fiscal”. En este sentido, critica que España aún no haya traspuesto la directiva comunitaria que permite eximir del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. “Mientras Bruselas denuncia a España por esta situación, Canarias da un paso adelante”, afirma.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado a través de su perfil en X la iniciativa del gobierno canario, donde también ha recordado que el Gobierno de España ha sido denunciado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar el IVA franquiciado.
