El Gobierno de España aprobó ayer, 1 de febrero, la nueva Ley de Vivienda en Consejo de Ministros. Un texto criticado, que encontró resistencia por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y al que todavía le queda un duro camino parlamentario pese a su reciente aprobación. De hecho, su principal medida, la limitación a los precios de los alquileres, podría no aplicarse hasta 2024.
El objetivo de la primera Ley de vivienda de la democracia tiene el objetivo de “configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar”, como anunció la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Los citados límites a los precios del alquiler, se llevan también la mayor controversia. Pero, ¿se aplicarán en toda España?
A continuación se desgranan las claves de su funcionamiento así como los beneficios fiscales que brindará el Ejecutivo de Pedro Sánchez para incentivar la emancipación y controlar los gastos del alquiler. Todo lo que se tiene que saber sobre la nueva Ley de Vivienda explicado en un sencillo formato de preguntas y respuestas.
¿Cómo será la limitación de los precios del alquiler?
Los límites al precio del alquiler solo se aplicarán a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios (personas jurídicas) que tengan 10 o más viviendas alquiladas en una zona tensionada. Ahora, ¿qué es una zona tensionada? Se reconocerán como tal aquellas áreas en las que los precios han crecido de forma excesiva en los últimos años, llegando al punto de que parte de su población no pueda pagar el alquiler que dicta el mercado.
Para saber si se cumple o no esta condición las zonas tensionadas deberán de cumplir con dos requisitos. El primero es que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler para la unidad de convivencia, al que se le suman los gastos y suministros básicos, no supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media del hogar. A esto se le añade el segundo: que el precio de compra o alquiler de viviendas en los últimos 5 años no haya crecido más de un 5% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en dicha comunidad autónoma.
Y ahí entra el otro matiz de esta nueva ley de Vivienda, pues son las comunidades autónomas las que tienen el poder para declarar una zona tensionada. Son los organismos autonómicos los que tienen la competencia, asegurando los liderados por el Partido Popular que no van a solicitarlo. Al respecto, hay que señalar también que la declaración de una zona tensionada está limitada a 3 años, que pueden ser prorrogrables si se cumplen con las condiciones anteriores.
En lo que se refiere a esta limitación de los precios del alquiler, quedaría una última pregunta: ¿cómo serán esos límites? El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tendrá que crear un índice de precios de referencia, para lo que tiene 18 meses. Por ese motivo, la medida como se ha adelantó en un principio no se aplicará realmente hasta la primavera de 2024.
¿Qué pasa con los pequeños propietarios?
Para incentivar que los pequeños propietarios se unan a esta rebaja de los precios, el Gobierno ha diseñado una serie de incentivos fiscales. Estos beneficios son deducciones en el impuesto de la Renta (IRPF). Si los propietarios tienen la vivienda en una zona tensionada, podrán tener una deducción hasta del 90% si la misma se rebaja un 5%. En el caso de los nuevos alquileres a jóvenes de entre 18 y 35 años, la deducción será del 70%. Por su parte, alcanzará el 60% para las casas destinadas a vivienda protegida o rehabilitadas en los últimos 2 años.
Otras claves de la ley de vivienda
Los parques de vivienda vacíos, la vivienda protegida o los desahucios son otros temas que verán cambios con la nueva ley de vivienda. Estas son los puntos más importantes.
¿Subirá el IVI?
Dependerá de las administraciones locales, los ayuntamientos, que serán los que decidan si se aplica un recargo del 50% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que tengan más de 4 inmuebles vacíos por más de 2 años. La subida podría llegar al 100% si la desocupación superase los tres años y hasta el 150% si el propietario tuviera distintas viviendas vacías en el mismo término municipal.
¿Se podrá vender una vivienda protegida?
El Gobierno pretende frenar la especulación en el mercado de las viviendas protegidas. Por ello, la norma busca establecer la calificación indefinida de la vivienda de protección, siempre que esté sobre suelo protegido y garantizando un plazo de 30 años para su descalificación. Durante este periodo, no se podría vender. La ley también pretende que el 30% del suelo de las nuevas promociones sea para viviendas protegidas.
¿Se frenarán los desahucios?
La ley de vivienda también es un reclamo a las comunidades para que refuercen la atención y aplicación de los programa de ayuda a las personas y higares que están en situación de desahucio, tratándose de colectivos vulnerables social y económicamente. Asimismo, los juzgados podrían suspender de oficio los desahucios por impago de estas familias vulnerables durante dos meses en caso de las personas físicas y cuatro para las jurídicas.
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