Cuando un heredero recibe una casa en ruinas, en muchas ocasiones decide reformarla para recordar el hogar de su infancia. Pero en ocasiones las licencias urbanísticas pueden poner trabas a dichas reformas, y así lo ha sufrido un vecino de una localidad francesa de 6.600 habitantes, que heredó la casa de su infancia, pero lleva más de dos años enfrentado al ayuntamiento para poder reformarla.
Según el medio francés ‘actu.fr’ el hombre heredó la vivienda familiar en muy mal estado y decidió renovarla y ampliarla. En marzo de 2021 presentó una solicitud de permiso de obra, pero el ayuntamiento no le dio respuesta. Según su abogado, ese silencio administrativo equivaldría a un "permiso tácito", argumento que la justicia ha rechazado.
El heredero considera que existe un “deseo de perjudicarlo” por parte del alcalde, también viticultor en la zona. Aseguró que su proyecto no causaría molestias al vecindario ni alteraría el entorno rural, ya que la casa está aislada, en medio de un amplio terreno y sin visibilidad desde la carretera. Además, defendió que la vivienda había estado habitada en el pasado y que no se trata de una nueva construcción.
El tribunal considera que la casa está en ruinas y no puede rehabilitarse
Pese a sus alegaciones, el Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos confirmó el rechazo de la licencia, ratificando una sentencia previa del tribunal administrativo de Burdeos. Según los jueces, el estado de la vivienda no permite considerarla una "construcción existente". Las fotografías del expediente mostraban muros destruidos, tejado y suelos inexistentes, y un estado general de ruina avanzada.
De acuerdo con el Plan Local de Urbanismo (PLU), el terreno sobre el que está edificado la vivienda está calificado como zona agrícola, y, por tanto, solo pueden construirse edificaciones relacionadas con actividades agrarias. El tribunal concluyó que, en estas condiciones, no se vulnera el derecho del demandante al respeto de su vida privada y familiar.
Como parte de su demanda, el hombre solicitaba la anulación de los decretos municipales en su contra y que se ordenara al alcalde reexaminar su solicitud en un plazo de dos meses, con una multa de 300 euros por cada día de retraso. Ninguna de estas peticiones fue aceptada. La justicia entendió que el alcalde actuó conforme al marco legal urbanístico y que no había pruebas suficientes de una “intención personal de perjudicar”.