Compran un terreno y se instalan para vivir con sus caravanas: son condenados a desalojarlo porque no tenían permiso de uso residencial

Instalarse en un terreno con una caravana o una casa prefabricada requiere ciertos permisos del ayuntamiento. Esta familia lo hizo sin ellos y la justicia ha ordenado su desalojo.

Una caravana instalada en un terreno |Canva
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Vivir en una caravana o en una casa prefabricada es una opción cada vez más popular entre quienes buscan una alternativa a la vivienda tradicional o simplemente una vida diferente, más económica y flexible. Sin embargo, muchos desconocen que instalarse en un terreno sin permiso puede acabar en desalojo forzoso, como acaba de sucederle a una familia en West Sussex, Reino Unido.

A principios de año, tres propietarios adquirieron un terreno en North Heath. Según informan desde ‘BBC’ lo dividieron en cuatro parcelas y trasladaron allí dos caravanas fijas y dos móviles, con la intención de vivir junto a sus familias. Equiparon la finca con tanques de agua y sistemas de residuos, de modo que crearon una comunidad privada y autónoma.

El Ayuntamiento del Distrito de Horsham, responsable de la zona, les había denegado previamente el permiso de uso residencial, alegando que el proyecto afectaría negativamente al carácter rural del entorno. Pese a ello, los nuevos propietarios siguieron adelante y se instalaron en el terreno.

Tendrán que desalojar la parcela y devolver el terreno a su estado anterior

Al descubrir el asentamiento, el ayuntamiento emitió un aviso de cumplimiento exigiendo que desalojasen todas las caravanas y devolviesen el terreno a su estado original en un plazo de seis meses. No conforme con dicha orden, la recurrieron ante la justicia alegando que no perjudicaba al resto de viviendas de la zona y sobre todo que no había en la zona alternativas de alojamiento para su familia.

Tras una audiencia celebrada en junio, la inspectora de planificación Elizabeth Pleasant rechazó el recurso y confirmó la obligación de desalojo. Reconoció la escasez de parcelas legales para comunidades viajeras y consideró insuficiente el plazo de seis meses, por lo que concedió más tiempo a la familia para encontrar una alternativa antes de abandonar la parcela.

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