Yolanda Díaz continúa estrenando los que serán los pilares de Sumar en la precampaña de las elecciones generales a la presidencia del Gobierno de España del próximo 23 de julio. Un bono social de emergencia para hogares hipotecados y una jornada laboral de cuatro días (40 horas) por ley, que será llamada usos de tiempo, han sido sus últimas novedades en un acto en Madrid de la formación política que encabeza y que ha absorbido a Unidas Podemos, orillando a Irene Montero y Pablo Echenique.
Dos materias convertidas en materia prioritaria de acción para el ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, como demuestra la reciente aprobación del Estatuto del Becario. De la nueva legislación ha advertido de que quienes se opongan “deberán dar explicaciones a los jóvenes de la precariedad del país”.
Subidas de más de 1.000 euros anuales
Del bono social de emergencia para hogares hipotecados sólo mencionó su nombre, sin ofrecer ningún adelanto. Sí que hizo alusión al adverso contexto económico, en el que la inflación y el alza de los tipos de interés que está imponiendo el Banco Central Europeo ha arrasado el poder adquisitivo de la gran mayoría.
Las hipotecas son un vivo ejemplo de ello. El euríbor, arrastrado por las subidas de tipos, superó por primera vez desde 2008 el 4%. La consecuencia es un encarecimiento medio de las cuotas a pagar de más de 1.000 euros. Cerca de los 1.200-1.500 euros, según la plataforma financiera Asufin. Al mes, unos 350 euros. Y el panorama no avista mejora hasta el 2024.
De esta manera, aludió a no magnificar los datos macroeconómicos, que colocan a España como uno de los países que más ayudas económicas ha desplegado. “No es verdad que seamos el motor económico de Europa porque la gente lo está pasando mal”, declaró. Sobre ello, volvió a cargar contra las grandes fortunas, a las que acusó de “escaquearse de no pagar impuestos” por los beneficios del actual sistema fiscal, que recoge que sectores tradicionales “estén tributando al 17,5%, mientras que las grandes empresas lo hacen al 3,8%”.
El impuesto permanente a los grandes patrimonios y un IRPF progresivo, junto a reformular el impuesto sobre sucesiones y lanzar un observatorio sobre subida de márgenes empresariales y vincularlos a la revalorización de salarios volvieron a ser sus respuestas para tener un “Estado del Bienestar del Siglo XXI”, basado en la educación y la sanidad. De paso, aprovechó para criticar la bajada general de impuesto que anunció Alberto Núñez-Feijóo, mencionando que el PP subió el IVA al 18%.
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