Yolanda Díaz contra los ricos: impuesto permanente a las grandes fortunas

“Hay injusticia fiscal, es real y hay un mandato constitucional para hacerlo”, declaró la ministra de Trabajo y candidata por Sumar, adelantando las líneas fiscales y tributarias del nuevo partido.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo
Yolanda Díaz contra los ricos: impuesto permanente a las grandes fortunas Archivo
Javier Martín

Yolanda Díaz redobla su cruzada contra los ricos. La ministra de Trabajo y Economía Social y candidata oficialmente a la presidencia del Gobierno de España por su partido, Sumar, realizó una aproximación a la que será la principal política fiscal y tributaria del nuevo partido que aglutina a la mayor parte de las fuerzas políticas de la izquierda.

Así, cuando la campaña electoral para el 23 de julio, la fecha en la que la ciudadanía está citada con las urnas, calienta motores para su plena puesta en escena, ha anunciado una  reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades, “para que las grandes empresas aporten más y las pequeñas mucho menos”. Aunque su principal caballo de batalla será la de establecer permanente el impuesto a las grandes fortunas, diseñado temporalmente por el Gobierno a causa del adverso contexto económico. Para ello, ha defendido un “debate sereno”.

“Esto no va de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos”, comenzó expresando Díaz, que puso en relieve la necesidad de que la economía nacional adopte una “reforma fiscal estructural” al contar con figuras tributarias “que no reflejan la realidad social ni económica”. Además, ha vuelto a resaltar la conveniencia para estudiar cambios dirigidos a “cerrar la brecha de ingresos del PIB” que mantiene con la media de la Unión Europea. “Hay injusticia fiscal, es real y hay un mandato constitucional para hacerlo”, concluyó en el evento del 45 Aniversario del diario económico, ‘Cinco Días’.

El lema de Díaz: ‘quien más tiene, más contribuye’

“Quien más tiene más debe contribuir al país”, resumió específicamente como lema Yolanda Díaz. Para ello, ejemplificó que una pequeña empresa tributa un 17,5% y una gran corporación, al 3,8%. El “aumentar la progresividad del IRPF, porque el 85% de su recaudación viene de las rentas salariales y esto no es justo en términos democráticos” es otra de sus ideas, aunque siempre con el consenso como trasfondo: “Hay que hacerlo con diálogo, pero debe ser abordado, sin lugar a dudas”,concluyó.

La “fiscalidad feminista”, que analiza la economía desde una perspectiva de género, la “verde” o la “digital” son otros subtemas a los que aludió Díaz dentro de la futura estructura tributaria de España que ha sido aprobada parcialmente, únicamente algunas disposiciones, después de la reforma anticipada por el Gobierno en este sentido, que deberá incluir formas alternativas de fiscalidad.

Medidas empresariales, brecha de productividad y “democratización” de las empresas

Estas tres, más allá del campo fiscal, constituirán el programa político de Sumar, que todavía se encuentra en proceso de elaboración por el consejo de expertos. Algo necesario a juicio de Yolanda Díaz. Así, pretende crear un observatorio que recopile los márgenes empresariales que vaya vinculado a la revalorización de los salarios”. Un ente cuya creación ya fue deslizada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, después de que se lo reclamaran los sindicatos como referencia salarial de cara a la negociación colectiva.

Siguiendo el modelo europeo, aboga, asimismo, por ‘levantar‘ un “consejo de productividad” que estaría formado por empresas, sindicatos, administraciones públicas y el mundo del conocimiento y la universidad. Uno como el que ya que poseen ya 19 estados miembros de la Unión Europea (UE) a tenor del mandato comunitario que instaba a su creación en 2016. España, sin embargo, fue uno de los que obvió esa decisión.

El último punto al que hizo alusión fue el de modificar sustancialmente el programa de indemnizaciones por despido. A su interpretación, como ya ha declarado en más de una ocasión, es “fija y rígida” y “se coloca fuera de la doctrina social europea”, por lo que aboga por elaborar una indemnización que contabilice otros supuestos además de la antigüedad para que maximice su capacidad “restaurativa” de lo que supone un despido.

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