Yolanda Díaz ha decidido plantar cara al juez que absolvió a Glovo en el último gran pulso sobre los falsos autónomos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Álvaro Lobato, al que acusa de un “menosprecio inaceptable” a la Inspección de Trabajo y de lanzar ataques inéditos contra el organismo público encargado de vigilar los derechos laborales en España.
La ofensiva del Ministerio llega tras conocerse la sentencia que tumba la demanda de Just Eat contra Glovo, donde el juez Lobato no solo exonera a la empresa de competencia desleal, sino que arremete contra las inspectoras que comparecieron como testigos en el juicio. El fallo describe la actuación de la Inspección como una “denodada e incansable persecución” a la plataforma, habla de “continuo acoso” y acusa a las funcionarias de mostrar una “manifiesta hostilidad y beligerancia” contra Glovo y sus representantes.
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Pero la crítica va más allá de lo profesional. El magistrado asegura que, en las declaraciones de las inspectoras, “parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada”, y reclama al tribunal “relativizar” sus testimonios porque adolecen de un “indiscutible sesgo de grupo” y “procesos de toma de decisiones contaminados por tendencias psicológicas”.
Respeto
Frente a estas afirmaciones, la directora de la Inspección de Trabajo, Cristina Fernández, ha enviado una carta al CGPJ en la que califica las palabras del juez de “totalmente improcedentes, impropias de una sentencia judicial y carentes de justificación”. Trabajo considera que la sentencia “desprestigia la labor de esta institución y de sus funcionarios” y exige al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de medidas disciplinarias.
Díaz ha respaldado públicamente la protesta y denuncia en sus redes sociales (Bluesky) el “menosprecio” del magistrado a la Inspección, una institución que define como “fundamental para proteger los derechos laborales” y que, según subraya, merece “respeto”. “Mi apoyo total a quienes luchan contra la precariedad desde lo público”, ha escrito la vicepresidenta.
Por su parte, desde el Ministerio señalan que la queja no se refiere al sentido del fallo, sino a los términos utilizados por el juez para descalificar la independencia de las funcionarias públicas. “No pueden considerarse aceptables en modo alguno afirmaciones subjetivas de arbitrariedad o descalificaciones a sus funcionarios por parte de los miembros de la Carrera Judicial”, advierte la directora de la Inspección en su misiva.