El modelo Muface podría estar en peligro. Si su salud financiera no era la mejor, acusada especialmente por la falta de dotación presupuestaria, se le suma un nuevo factor: el nombramiento de Mónica García, médica y política, como Ministra de Sanidad en el recién formado Gobierno de Coalición. La líder Más Madrid, que deberá velar por el cumplimiento del programa de Sumar, tendría entre sus objetivos acabar con este sistema.
Respondiendo a las siglas de Mutualidad General de los Funcionarios Civiles de España, Muface es un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que los funcionarios pueden adherirse como alternativa médica al Sistema Nacional de Salud de la Seguridad Social. Ahora, como han podido saber desde el medio ‘The Objective’, su desaparición estaría más cerca que nunca: “Muface no va a tener recorrido con Sumar en Sanidad”.
Hay que recordar que en el programa de Sumar ya se reflejaba esta intención: “Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente
prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE, MUGEJU, ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos”, se recogía en el mismo.
Una desaparición que viene de muy lejos
Desde Sumar, el pasado mes de octubre para Redacción Médica, también explicaron que entre sus objetivos en materia de sanidad se encontraría la “extinción progresiva y paulatina de Muface, con un proceso de transición”. Es algo que, ya en 2019, se acordó entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que sellaron un documento donde se plasmaba el fin del sistema de mutualidad en España.
Por otro lado, mutualidades, sindicatos y el sector privado llevan tiempo denunciando la quiebra de este modelo, que estaría condenado a desaparecer si no se cuenta con una mayor dotación presupuestaria. De hecho, las tres principales compañías, DKV, Adeslas y Asisa, cuentan con una deuda de más de 170 millones de euros de 2022.
De producirse su desaparición, ya se apunta algunas consecuencias negativas, ya que la sanidad pública tendría que atender a casi 1,5 millones de funcionarios adheridos a Muface. Por ello, se prevé un aumento de las listas de espera (que ya son un problema per se en la actualidad), además de que habría que hacer frente a un sobrecoste. Otros objetivos de la cartera de Mónica García sería crear una empresa farmacéutica pública, incrementar la inversión, y fortalecer la atención primaria y la salud mental.
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