El Gobierno lanzará un plan de choque para intervenir el precio de la luz

Las peores previsiones de los altos mandos políticos europeos se están cumpliendo con la escalada de tensión en el conflicto geopolítico y que ha acabado por estallar tras la invasión consumada de Rusia a Ucrania. Si el precio de la luz ya se había acostumbrado a romper, semana sí, semana también, sus récords históricos, la declarada dependencia del entramado energético europeo del gas ruso ahora preocupa más que nunca.
 
"El suministro de energía a Europa, para la generación de calor, para el transporte, para la electricidad y para la industria no se puede asegurar en este momento de ninguna otra manera", reconocía hace escasos días el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Europa, y consecuentemente el Gobierno, están condicionados. Incluso a la hora de imponer esas “duras sanciones históricas” y que es consciente que debe ejecutar con precaución respecto al gas ruso.

No solo por su dependencia, que no lo es tanto para España ya que Rusia es su cuarto proveedor de gas, si no porque su desmesurada inflación contagiará a las demás energías en un mercado mayorista de las energías discriminatorio y en el que todas las energías se pagan al precio de las más cara. Este sistema de mercado perjudica la utilización de otras energías cuyos costes serían más baratas ¿Cómo desvincular, por tanto, el precio de la electricidad de la efervescente escalada del gas tras el conflicto bélico?

Aislar la tarifa regulada, que depende del mercado mayorista

Este martes, el precio del megavatio/hora, de 544,98 euros y un pico de hasta 700 euros, vuelve a establecer un récord histórico. Como muestra de su desmesurada inflación, en tan solo un año ha aumentado casi un 1000%. Y afecta, en la gran mayoría, a los casi diez millones de hogares españoles que están abonados a la tardía del precio regulado de la electricidad (PVPC) y cuya referencia directa es la cotización diaria del ‘pool’, del mercado y que no responde al precio real de la energía. Un coste extra que acaban asumiendo esos hogares.
 
Esta tarifa, que se creó precisamente para dar cobijo a los a pequeños consumidores, ha acabado resultando la más cara por esta serie de fenómenos. Y es precisamente a la que está ligada obligatoriamente el colectivo más vulnerable que se acoge al bono social. La idea es, por tanto, tratar de aislar los precios de este bono social de los precios del mercado mayorista para que las medidas del Gobierno, que ya impuso rebajas fiscales en la factura para topar las ganancias de las grandes empresas eléctricas y que ha prolongado hasta el 30 de junio. 

Reforma del bono social y una tarifa fuera de mercado

Y en esa misma línea perfila el nuevo paquete de medidas el Ministerio para la Transición Ecológica: reducir los beneficios de estas para acabar redirigiendo ese dinero al bono social o fondo social correspondiente y que acabe resultando efecto en la factura de los ciudadanos. A ello ha abierto las puertas el ‘Toolkit 2’, un documento elaborado por la Comisión Europea elaborado específicamente al respecto y retocado a propósito tras la guerra en Ucrania. En el mismo se reconoce la existencia de “beneficios caídos del cielo” para las empresas y que da derecho a legislar al respecto a la ministra, Teresa Ribera.
 
La medida más inmediata que pretende sacar a relucir en el Consejo de Ministros de este martes es la de liberar una parte de las existencias mínimas de seguridad de petróleo para aumentar la cantidad disponible en el mercado y tratar de minimizar el desajuste de precios. Otra de las que se planean es la instauración de una tarifa social muy inferior al mercado (se barajan 50 euros/MWh) y con límites de consumo. Este último cambio conllevaría aprobar un nuevo mecanismo de financiación después de que el Tribunal Supremo condenara que lo costearan como servicio público, las comercializadoras eléctricas.