La inflación continúa su tendencia alcista. Se situó en máximos históricos en noviembre, con una tasa interanual del 5,5% del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el horizonte se oscurece aún más, contribuido por el aumento sucesivo del precio de las energías, fundamentalmente. Las últimas previsiones del Banco Central Europeo estiman otra subida porcentual de 0,3 para finales de año, disparándose hasta el 5,8%.
Crece, por tanto, sin parar la inflación, pero a ello no le acompañan los salarios, reclaman los trabajadores, cuya economía se ve comprometida. Por ello, reclaman urgentemente subidas en sus nóminas a las que los empresarios se niegan rotundamente. Consideran la situación transitoria y coyuntural, al tiempo que aluden a las secuelas económicas de la pandemia del Covid-19, todavía más que latentes.
Así, mientras sindicatos y patronal empresarial mantienen su pulso apoyados en sus respectivos argumentos, las reivindicaciones continúan sucediéndose a lo largo del territorio nacional. Tras la huelga del metal en Cádiz, hay convocadas protestas a las puertas de las sedes de las patronales en Madrid, Valladolid y Valencia con el objetivo de desbloquear las negociaciones de los convenios y las subidas de sueldos que no pongan en jaque el poder adquisitivo de la mayoría laboral española.
El IPC sube el doble que los salarios
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta una subida global anual del 3% del IPC en 2021. El doble de la subida de sueldo acordada en el convenio laboral, fijada en un alza del 1,49%. Lo que se traduce en una pérdida clara y progresiva del poder económico de los trabajadores, que a la hora, por ejemplo, de acudir a llenar la cesta de la compra o echar gasolina comprobarán cómo los precios siguen subiendo, pero no así sus nóminas.
La conflictividad laboral, a la que se le añade el controvertido asunto de la temporalidad y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los empresariales, está servida. Una negociación diaria y a contrarreloj que debe estar finiquitada y con su veredicto publicado en el BOE antes del 31 de diciembre.
El 83% de los trabajadores, desprotegidos
Los sindicatos como CCOO, de este modo, salen a la ayuda de los sectores más precarios y vulnerables a este fenómeno, como el de la limpieza, los supermercados o los gimnasios. Aquellos que, junto a estos, como los servicios, construcción o agricultura, no poseen el escudo de la cláusula de garantía salarial de la que solo disfrutan el 17% de los trabajadores asalariados con convenio.
"Es decir, en 2021 el 83% de la población asalariada con convenio colectivo no está cubierta ante la brusca subida de la inflación, que lesiona el poder adquisitivo de sus salarios". En otras palabras, ocho de cada diez trabajadores están en clara situación de desventaja respecto a una clara minoría cuyo salario se encuentra blindado respecto a la inflación.
Los sindicatos reclaman pactar subidas salariales para dos o tres años
Sindicatos y patronal confrontan, de momento, en sus argumentos. Las organizaciones empresariales se basan en las previsiones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, que prevén bajadas del IPC para comienzos de 2022, para bloquear las negociaciones de subidas salariales en los convenios.
Aluden, por tanto, a lo transitorio de la inflación, sobre todo por los precios energéticos al alza, que también está implicando para su colectivo “una reducción significativa de los márgenes empresariales" en un "momento delicado" tras el confinamiento y las restricciones a la actividad. Es decir, aseguran ni estar en disposición de ello ni querer contribuir a espirales inflacionistas, por lo que se oponen a subsanar la inflación con el aumento salarial.
Una postura que no comparten las asociaciones sindicales. "Es necesario aumentar los salarios y proteger su poder adquisitivo, sin que ello genere necesariamente efectos inflacionistas, dado que los beneficios empresariales están en máximos históricos y tienen margen para absorber incrementos adicionales de los salarios sin trasladarlo a precios".
Al hilo de esto, CCOO reclama un nuevo ‘Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)’ que contemple el pacto de subidas salariales a dos o tres años vista, dejando atrás al contexto actual, para recuperar el poder adquisitivo perdido cubriéndose así ante posibles efectos secundarios de los ecos de la inflación.
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