La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que el presidente, Pedro Sánchez, está a favor y va a cumplir con la implantación del registro horario, justo después de que el Consejo de Estado rechazara la medida mediante un dictamen. Díaz ha criticado abiertamente al Ministerio de Economía por ponerse “del lado de las patronales” en este debate.
La ministra ha afirmado tener una “convicción absoluta” de que Sánchez respalda la norma, recordando que fue anunciada hace dos años y debatida en el Congreso durante varias horas. “Tengo clarísimo que el presidente defiende esta medida”, declaró en una entrevista con la Cadena SER.
Las tensiones se producen después de que el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, haya emitido informes críticos con el proyecto de real decreto que regula el control horario, tanto por la forma de ejecución (real-Decreto) como por su alcance. Según Díaz, estos documentos “se posicionan en contra” de la medida y reflejan una visión que considera alejada de la realidad laboral. Los sindicatos, CCOO y UGT, también se unen a la representante de Trabajo en su presión al Gobierno para que se apruebe el registro horario.
Economía critica el plazo y el modo de implantación del registro horario
El origen de la discrepancia se sitúa también en el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que recoge los problemas encontrados por el Ministerio de Economía en el registro horario. Este departamento advierte de que la norma, tal y como está planteada, puede suponer una carga adicional para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.
Entre las principales críticas figura el plazo de adaptación, el cual sería de 20 días desde la publicación en el BOE, considerado insuficiente, así como el impacto operativo de implantar sistemas digitales de control horario. Economía señala que estas herramientas implican costes de software, formación y puesta en marcha, y propone incluso que sea la Administración quien desarrolle una aplicación pública para facilitar su uso.
Pese a estas reservas, el propio Cuerpo ha reconocido que la reforma es un objetivo “ambicioso pero compartido” dentro del Gobierno, aunque prefiere introducir mecanismos que ayuden a las pymes en su implementación.
Desde Trabajo, en cambio, se insiste en que el texto seguirá adelante con ajustes menores. El ministerio prevé introducir cambios técnicos, especialmente en materia de protección de datos y adaptación a la negociación colectiva, pero sin alterar los pilares de la norma: su carácter digital y la accesibilidad para la Inspección de Trabajo.
El choque entre ambos departamentos refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre la protección de los derechos laborales, sobre todo en lo que se refiere al control de las horas extraordinarias, y la carga regulatoria que soportan las empresas. Este suele ser un debate común entre las diferentes partes del Gobierno.