El Ministerio de Trabajo ha sacado a audiencia pública el anteproyecto de ley que reformará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, una actualización con la que el Gobierno pretende adaptar la normativa a los nuevos riesgos del mercado laboral y reforzar la protección de los trabajadores más vulnerables.
Entre las principales novedades, el texto prohíbe que los menores de 18 años trabajen en entornos donde estén expuestos a contenidos pornográficos y violentos, además de ampliar el catálogo de actividades vetadas por su peligrosidad.
Nuevos límites para el empleo de menores
La reforma revisa una regulación que, en algunos aspectos, se remontaba al Decreto de 1957 sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores. El anteproyecto establece que los menores de 18 años no podrán trabajar en recintos con animales feroces o venenosos, en actividades relacionadas con el sacrificio industrial de animales y en empleos cuyo ritmo esté condicionado por máquinas y cuyo salario dependa de resultados.
De la misma forma, se restringirá su participación en trabajos que superen objetivamente las “capacidades físicas o psicológicas” que impliquen el uso de maquinaria peligrosa, como sierras circulares, prensas y equipos de moldeado. Solo se permitirán excepciones en el marco de contratos formativos, cuando estas tareas resulten imprescindibles para el aprendizaje, se desarrollen bajo supervisión continua y cuenten con medidas preventivas específicas.
Estas limitaciones se suman a otras ya recogidas en la normativa vigente, como la prohibición de exposición a sustancias tóxicas, radiaciones, agentes cancerígenos o trabajos en minería, construcción o actividades marítimas, que ahora también se actualizan.
Refuerzo de derechos y prevención en las empresas
Más allá del empleo juvenil, la reforma introduce cambios de mayor alcance en el sistema de prevención de riesgos laborales. El texto modifica el Estatuto de los Trabajadores para reconocer expresamente el derecho a la integridad física y moral y a la protección frente a la violencia y el acoso en el trabajo.
Además, obliga a las empresas a establecer procedimientos de retorno al trabajo tras ausencias prolongadas por motivos de salud, que incluirán la actualización de la formación preventiva y la evaluación del estado del trabajador en determinados casos. También se refuerza la vigilancia de la salud física y mental mediante reconocimientos médicos al inicio de la relación laboral, de forma periódica y tras bajas prolongadas.
En el ámbito sancionador, el anteproyecto modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para precisar las infracciones en materia de igualdad y no discriminación. Entre otras medidas, contempla reducciones de hasta el 40% en las multas si el infractor paga de forma anticipada y renuncia a recurrir, aunque esta rebaja no se aplicará en casos vinculados a accidentes laborales o infracciones graves.
Más peso de la prevención y apoyo a pymes
El texto, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, incorpora nuevas herramientas para reforzar la prevención en las empresas. Entre ellas, la creación de la figura del agente territorial de prevención, destinada a apoyar especialmente a pequeñas y medianas empresas sin representación sindical.
Asimismo, se incrementa un 20% el crédito horario de los delegados de prevención, se bonifica la formación obligatoria en empresas de menos de diez trabajadores y se reducen los umbrales para constituir servicios de prevención propios.
La reforma también introduce la perspectiva de género, atiende a riesgos emergentes como los derivados del cambio climático, el teletrabajo y la desconexión digital, entre otros y contempla la adaptación del trabajo a la edad y a la diversidad generacional.
Según el Ministerio, la actualización normativa busca reducir los costes económicos y sociales asociados a la siniestralidad laboral y mejorar la calidad del empleo. El texto permanecerá en fase de información pública hasta abril, periodo en el que organizaciones y ciudadanos podrán presentar alegaciones antes de su tramitación definitiva.