Trabajo decide dar el salto en la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas en 2025

Yolanda Díaz quiere llegar a un acuerdo que contente a todas las parte y la reducción de la jornada laboral se tramitará como anteproyecto de ley.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz EFE
Francisco Miralles

El Ministerio de Trabajo ha decidido posponer la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024 y, en su lugar, ha optado por reducirla directamente a 37,5 horas a partir de 2025. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha explicado que la nueva normativa se tramitará como anteproyecto de ley, por la vía parlamentaria y con carácter de urgencia, descartando su aprobación mediante un decreto ley. Esta decisión implica que la reducción de la jornada laboral no entrará en vigor el próximo año, aunque Díaz insiste en que la jornada de 37,5 horas será una realidad antes del 31 de diciembre de 2025. Aun así, la ministra ha insistido que va a “seguir negociando y no me voy a levantar de la mesa y creo que hay avances en la mesa”.

En la práctica, la decisión de tramitar la reducción de la jornada semanal mediante un proyecto de ley, y no un real decreto ley, hace muy difícil que la norma sea aprobada por las Cortes y entre en vigor en 2024. La vía parlamentaria implica un proceso legislativo más lento, con debates y la necesidad de conseguir apoyos, lo que aumenta las posibilidades de que su implementación se postergue más allá de lo inicialmente previsto, algo que ha preocupado a los sindicatos.

El Ministerio de Trabajo ha decidido pasar directamente de la actual jornada máxima de 40 horas semanales a 37,5 horas, sin aplicar antes la reducción intermedia a 38,5 horas que se había previsto para este año. “Ahora lo haremos todo en un solo paso”, tal y como fuentes del ministerio han explicado al medio El Periódico. Según detallan, el plan principal era reducir la jornada laboral en dos fases, tal y como acordó Sumar con el PSOE en el pacto de legislatura, una este año 2024 a 38,5 horas y otra, en 2025 a 37,5 horas semanales. Aun así, el compromiso del Ministerio de Trabajo es firme y su intención es llegar a las 37,5 horas antes del 31 de diciembre de 2025.

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz | Foto: EFE

Por su parte, desde el PSOE han admitido que era sensato retrasar la negociación con el objetivo de madurar y llegar a un acuerdo con la patronal, aunque esto supusiera retrasar la medida que previamente habían pactado con SUMAR. Pero el objetivo es claro en ambas partes y es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Ahora, de sacar adelante esta medida, la idea es que las empresas puedan empezar 2025 con la jornada laboral de 40 horas semanales, pero con el ojo puesto en que sí o sí el 31 de diciembre de 2025 deberá estar implantado las 37,5 horas.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado la importancia de no fijar plazos estrictos para cerrar las negociaciones en el diálogo social. Después de eso, el foco se trasladará al Congreso, donde se necesitarán apoyos suficientes para aprobar la ley. Este proceso se anticipa complejo, debido al frágil equilibrio del bloque de la investidura, en el que los votos de Junts serán determinantes. Díaz ha reiterado el compromiso del Gobierno “El acuerdo establece que el 31 de diciembre de 2025, más de 12 millones de trabajadores verán su jornada reducida en dos horas y media, y esto se cumplirá” ha afirmado.

Trabajo convencerá a la patronal para sumarse a la reducción de la jornada laboral

Una de las principales consecuencias de la reducción de la jornada laboral será el impacto sobre los empleados a tiempo parcial, un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres. Estos trabajadores verían un incremento automático en sus nóminas, es decir, que ganarían más dinero, ya que la disminución de horas conllevará un aumento en el precio por hora trabajada.

Las negociaciones en el marco del diálogo social, que comenzaron de forma bipartita entre patronal y sindicatos en enero, han sido largas y complejas. El Ministerio de Trabajo se unió a estas conversaciones en primavera y, aunque se han registrado avances, persisten puntos de desacuerdo. Mientras tanto, CCOO y UGT han celebrado reuniones para planificar posibles movilizaciones con el objetivo de presionar tanto a la patronal como al Gobierno, y acelerar la tramitación de la normativa.

Por su parte el Ministerio de Trabajo, cree firmemente que logrará convencer a la patronal de los beneficios de la reducción de la jornada, especialmente entre micro y pequeñas empresas, donde hay más resistencia debido a la preocupación por el impacto económico. Para ello, el Gobierno ha diseñado un plan de ayudas y acompañamiento, que incluye cursos de formación y asesoría. Estos recursos están orientados a que las empresas puedan reorganizarse, mejorar su productividad y adaptarse a la jornada de 37,5 horas sin tener que reducir los salarios, un aspecto clave en la negociación.

Control para cumplir la reducción de la jornada laboral

El plan de ayudas impulsado por Yolanda Díaz no solo busca facilitar la adaptación de las empresas a la nueva jornada laboral, sino también reforzar los mecanismos de control para evitar el incumplimiento de la normativa. El nuevo planteamiento del Ministerio de Trabajo propone que todos los registros de jornada se realicen de manera telemática, eliminando la posibilidad de utilizar formatos manuales como el papel, los cuales pueden ser manipulados posteriormente. Esta medida permitiría a la Inspección de Trabajo acceder a los registros de forma remota y en cualquier momento, lo que facilitaría la detección de posibles fraudes y la comprobación de que no se están sobrepasando las horas establecidas.

Hasta ahora, los inspectores debían personarse físicamente en los centros de trabajo para revisar los registros, lo que en ocasiones permitía a las empresas modificar o ocultar irregularidades. Con el sistema telemático, se espera que el control sea mucho más eficiente, disuadiendo así a las compañías de prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores.

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