Sumar, el partido de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defenderá la semana que viene en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que piden al Gobierno que se reforme el despido improcedente para que sea disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.
Después de que la reducción de la jornada laboral no saliera adelante por la decisión de PP, Vox y Junts, ahora presentará una de las iniciativas más especiales y que repercutirá en la mejora del mercado laboral, según han defendido tanto los sindicatos como la misma ministra. El partido rosa señala que es necesario que se establezca una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en el caso de despidos sin causa, para que se eliminen distorsiones en las relaciones laborales que son “especialmente perniciosas” para la pequeña y mediana empresa.
En este sentido, como apuntan desde Europa Press, se pretende que el despido tenga en cuenta factores como la cifra de negocios de la empresa, el tamaño y otros aspectos a la hora de que se establezca la cuantía indemnizatoria.
Así, en palabras de Sumar, se evitaría que las empresas más grandes o las que tengan más recursos financieros despidan de forma injustificada porque las consecuencias económicas no son las mismas que en las pequeñas empresas, fomentándose el ‘dumping social’.
El ejemplo de Francia y Alemania
Para defender la propuesta, han esgrimido que en países como Alemania y Francia, la indemnización por despido improcedente queda determinada considerando factores como la antigüedad de la persona trabajadora o el salario, pero también las circunstancias en las que se ha producido el despido.
Por ejemplo, en Francia se emplea un sistema de baremación que tiene en cuenta estos elementos para calcular la compensación que corresponda, mientras que en Alemania se establecen reglas específicas según el tipo de contrato y la duración del empleo.
Europa resalta que el despido es insuficiente en España
En España, la cuantía fija para el despido improcedente es de 33 días por año trabajado. CCOO y UGT tomaron cartas en el asunto y presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales en la que denunciaban que la cuantía no era bastante disuasoria y que no se cumplía con lo establecido por la CSE (Carta Social Europea).
El Comité Europeo dio la razón a los sindicatos y sentenció que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española no son “suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorio para el empresario”.
El TS español falló una vez conocida la sentencia que la indemnización por despido improcedente no puede verse incrementada “en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso”, ya que lo que indica la Carta Social no son mandatos directamente aplicables, sino que son “declaraciones programáticas” y de “abierta interpretación” que necesitan intervención legislativa.
Sumar considera que el problema del ordenamiento jurídico español no está en la suficiencia o en la insuficiencia de la indemnización por despido improcedente sino en lo injustificado y hasta injusto del módulo de fijación de esta”.