Los cambios en la baja laboral que quiere aprobar el Gobierno este 2024

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado en las últimas semanas dos importantes cambios que podrían aprobarse este 2024 sobre la prestación por incapacidad temporal, más conocida como la baja laboral. El primero de ellos tiene que ver con las Mutuas, y que estas podrían tener más control en determinadas incapacidades temporales. 

Tal como anunció la ministra a finales de enero, cuando compareció en el Congreso para explicar la ‘hoja de ruta’ de su ministerio, están preparando el camino para articular fórmulas de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para optimizar la atención de los procesos de las bajas laborales por contingencias comunes de origen traumatológico. Esto es, el Gobierno está trabajando para derivar a los pacientes de baja por enfermedad común de origen traumatológico a las mutuas.

Según expuso Elma Saiz, se trata de “una forma de explorar el potencial de aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que son entidades que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo y que se financian con cotizaciones de empresas y trabajadores”. No se trata, tampoco, de ninguna novedad, ya que es una recomendación que se plasmó tanto en el Pacto de Toledo como en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

El alta de estas bajas seguiría siendo responsabilidad de la sanidad pública

En el AENC, se instaba a las administraciones con competencias en la materia a “desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”. Todo ello, se recoge en el acuerdo, “con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud”. 

Al respecto, la ministra recordó esta misma semana, en los ‘Desayunos Informativos de Europa Press’, que “todo lo que sea ayudar al sistema sanitario es una buena noticia” y que, aunque “hay que hacer mucha pedagogía”, recuerda que “las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social”. 

Cabe destacar que, aunque se produjera esta cesión, no se trataría de una privatización del sistema, y es que, como afirmaron los sindicatos, el proceso de alta de estas bajas laborales seguría siendo competencia de la sanidad pública. Esto es, el alta médica de estas bajas, aunque fueran tratadas por las mutuas, seguiría correspondiendo al médico de la Seguridad Social, y no sería una decisión que pudieran tomar las mutualidades.

La incidencia y duración de las bajas, factores en la solicitud de la jubilación anticipada

El Ministerio de Seguridad Social, también avanzó que quieren trabajar con los agentes sociales un nuevo procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores “a fin de anticipar la edad de jubilación”. Este se regirá por “indicadores objetivos”, entre los que se encuentra, como adelantó la ministra, “la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.”

De ese modo, a la hora de determinar el coeficiente reductor que se le aplica a una persona que solicita la jubilación anticipada, se podría empezar a tener en cuenta su historial de salud y, en concreto, las bajas laborales que ha mantenido durante su trayectoria profesional.