La jornada laboral de 35 horas para los funcionarios podría entrar en vigor entre los meses de febrero y marzo de 2026, a falta de cerrar los detalles técnicos en la Mesa General de Negociación.
Según informó UGT el pasado mes de diciembre, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, de la que forman parte el Ministerio de Función Pública, UGT y CCOO, acordó elevar a la mesa de negociación la aplicación de la nueva jornada laboral. Esta modificación implicará revisar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, manteniendo el mismo ámbito de aplicación que el texto vigente.
El compromiso trasladado por Función Pública apuntó a que la entrada en vigor tendrá lugar previsiblemente entre febrero y marzo. UGT considera que la aplicación es inminente, pero reconoce que la complejidad de las negociaciones podría llevar a un ligero retraso.
A la espera de esa reunión clave de enero, los sindicatos mantienen como prioridad la implantación definitiva de la jornada de 35 horas semanales, una demanda histórica del personal funcionario. También han reclamado avanzar en la igualación de las indemnizaciones por razón del servicio, aspecto que será objeto de debate en los próximos encuentros.
Teletrabajo, salud laboral y empleo público: otros temas pendientes
En paralelo a la jornada laboral, la Comisión también abordó otras cuestiones incluidas en el Acuerdo Marco, como la regulación del teletrabajo. Esta se retomará a partir del acuerdo alcanzado en abril de 2021, durante el mandato de Miguel Iceta. UGT ha reiterado la necesidad de establecer una normativa común que garantice su implantación homogénea en toda la Administración.
Asimismo, se ha iniciado el desarrollo del Acuerdo para la mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, cuya primera reunión tuvo lugar en diciembre. En ella se constituyó la Comisión de Seguimiento, y está previsto que el próximo 29 de enero se formalicen los cuatro grupos de trabajo centrados en empleo, digitalización, salud laboral e igualdad.