El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la cuantía vigente del salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, a la espera de que los avances en las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para determinar su actualización. La medida se incluye dentro del Real Decreto-ley por el que se prorrogan varias medidas económicas.
El Ejecutivo explica en el texto normativo que la vigencia del SMI continúa aunque el plazo del real decreto anual venza, y justifica la prórroga basándose en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y evitar interpretaciones discordantes mientras se llega a un acuerdo con los agentes sociales.
El informe de expertos, sobre la mesa
La publicación en el BOE sucede en plenas negociaciones del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal para abordar la subida del SMI correspondiente a 2026. En la última reunión, celebrada la semana pasada, el ministerio que dirige Yolanda Díaz presentó el informe de la comisión de expertos, encargada de calcular el umbral que permitiría al salario mínimo alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como exige la Carta Social Europea.
Este documento recomienda una subida del 3,1% si el SMI continúa exento de tributación y del 4,7% en caso de que empiece a tributar por el IRPF. Frente a estas cifras, las organizaciones empresariales defienden una subida más contenida, del 1,5%, mientras que los sindicatos reclaman un aumento del 7,5%, siempre que el salario mínimo comience a tributar.
En esta reunión Trabajo se limitó a explorar el margen de negociación, sin poner una cifra concreta sobre la mesa ni aclarar si el Gobierno mantendrá la actual exención fiscal, una cuestión que condiciona buena parte de la discusión.
Obstáculos en la negociación
La próxima cita, prevista para comienzos de enero, será clave, ya que el Gobierno presentará entonces su primera propuesta formal con el objetivo de cerrar un acuerdo que permita actualizar el SMI con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Sin embargo, las posiciones siguen alejadas.
Más allá de las diferencias sobre el porcentaje de subida, los sindicatos exigen cambios en la normativa que permite a las empresas compensar y absorber la subida del SMI mediante complementos salariales ya existentes. La patronal rechaza de plano esta modificación, lo que añade un nuevo foco de fricción a una negociación que, por ahora, avanza sin consensos claros.