Empleados públicos interinos en situación de “abuso de temporalidad” se concentrarán mañana martes, 9 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados para reclamar que se les haga fijos, una petición que fundamentan en la legislación europea y en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La concentración ha sido convocada a las 11:00 horas por la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).
Estos colectivos alertan de que la temporalidad en el empleo público alcanza el 32,24%, lo que supone 979.409 trabajadores, algunos de ellos con trayectorias de más de 30 años en puestos sin cubrir por funcionarios de oposición.
Los convocantes han recordado que "este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación".
El rostro del abuso de la temporalidad
Aunque los índices de temporalidad han descendido en los últimos meses, Aicafp considera que este avance no responde a una solución real. Según la asociación, se trata de "una treta", ya que en lugar de consolidar a quienes han sufrido abuso de temporalidad, las administraciones sacan a oposición ordinaria las plazas ocupadas por estos trabajadores. A su juicio, esta práctica provoca que "muchos se queden fuera y lo que se estabiliza es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del TJUE".
El colectivo calcula que 92.200 empleados temporales perdieron su puesto en el primer semestre de 2025, ceses que califican como "despidos a coste cero" para la Administración. No obstante, advierten de que el incumplimiento de la normativa europea podría acarrear multas de hasta 3.000 millones de euros, estimadas sobre una compensación media de 33.000 euros por afectado.
Aicafp insiste en la dimensión social del problema. "El abuso tiene rostro: aproximadamente el 70% de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, en riesgo real de exclusión laboral. Estas personas son víctimas de un fraude masivo. Europa exige un máximo del 8% de temporalidad legal, y España está en un 32%, con más de 800.000 personas en fraude de ley. No es temporalidad: es temporalidad ilegal".
Impacto económico y judicial
Los organizadores apuntan a las 65.000 demandas relacionadas con este abuso que han recibido los tribunales españoles. Si todos los interinos en situación irregular fueran despedidos, el coste de las indemnizaciones —siguiendo los criterios del TJUE— podría ascender al 2,5% del PIB, destacan.
Advierten además de que "su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit que obligaría a España a solicitar una dispensa ante la Comisión Europea o a emitir deuda pública de emergencia, con el consiguiente coste en intereses. Hablamos de unos 33.000 millones de euros".
Aicafp denuncia que "el Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral, se encuentra fuera de todos los estándares marcados".
Distribución territorial del coste indemnizatorio
Las comunidades autónomas, responsables del 62,66% del personal público, asumirían la mayor parte del impacto económico. La factura global para estos territorios se situaría en torno a 21.000 millones de euros.
Regiones como Andalucía, con 332.007 empleados públicos y altos niveles de interinidad en Sanidad y Educación, tendrían que afrontar alrededor de 3.900 millones de euros. Cataluña, con 258.894 trabajadores y una estructura muy descentralizada, soportaría unos 3.050 millones, mientras que Madrid, con 231.240 empleados y elevada litigiosidad en el ámbito sanitario, rondaría los 2.750 millones.
Los convocantes alertan de que "ninguna comunidad autónoma tiene margen presupuestario para absorber semejante gasto sin una quita de deuda o una transferencia extraordinaria del Estado".
Pese al reciente anuncio del Gobierno sobre la eliminación progresiva de la tasa de reposición, los colectivos movilizados tampoco se encuentran convencidos. Desde Aicafp consideran que "sería una trampa, porque saldrían a concurso público las plazas de personas que llevan ejerciendo el cargo desde hace decenas de años". La asociación recuerda también que la falta de actuación puede activar sanciones de Bruselas, tras la carta de emplazamiento enviada a España.
Según sus declaraciones "nos encontramos a un paso de que el TJUE, bajo el artículo 260, aplique estas multas millonarias". "El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero", concluyen.