El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley del Estatuto del Becario, una norma que ya salió a consulta pública y que llega más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzara un acuerdo con los sindicatos para regular las prácticas no laborales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha comenzado con un mensaje claro sobre la precariedad que sufren miles de jóvenes.
Díaz ha leído ejemplos recientes de anuncios dirigidos a personas en prácticas, algunos con expresiones como “ambiente joven, dinámico y con alma” o “café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración”. Lo que su pareced significa claramente que tendrán que están más de 12 horas trabajando o que “no pagan”.
Para evitar esto nace el Estatuto del becario, una norma cuyo retraso se debe, según explica la ministra, a la complejidad del diálogo social y a la magnitud del fenómeno. “Las personas en prácticas no profesionales en España son 1.655.618, de las que el 56% son mujeres y el 44% hombres”, ha detallado. “Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada diez asalariados en nuestro país están en esta situación. No son una anécdota, tienen un peso mayúsculo en nuestra actuación legislativa”.
No obstante, hay que tener en cuenta que al tratarse de una norma con rango de Ley deberá ser aprobada por las Cortes Generales
Derechos y límites de la formación
Hay que tener en cuenta que al tratarse de una norma con rango de Ley deberá ser aprobada por las Cortes Generales, por lo que habrá que esperar para conocer todos sus detalles, pero la ministra ha destacado algunos de los más importantes.
Díaz ha subrayado que “la formación tiene que estar destinada sencillamente a aprender, a nada más que esto, a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas”. En este sentido, ha insistido en que el nuevo Estatuto delimita claramente lo que es la formación de lo que es un contrato laboral.
A partir de la aprobación de este Estatuto, las personas en prácticas no laborales tendrán reconocidos derechos básicos y las empresas asumirán nuevas obligaciones.
Entre ellos, destaca el derecho a que se compensen los gastos derivados de la formación, incluidos desplazamientos, manutención y alimentación. “Se prohíbe expresamente que se pague por formarse. Esto no es una anécdota, esto pasa en España”, ha advertido la ministra, recordando los casos detectados por la Inspección de Trabajo en grandes consultoras y tecnológicas.
Además, Díaz ha recalcado que “se acabó la segregación en la formación en España”. A partir de ahora, las personas en formación deberán integrarse plenamente en el entorno laboral de la empresa, pudiendo acceder a comedores, salas de descanso o lactancia. “Esto que se le dice a la gente, usted es becario, no entre aquí, no puede volver a pasar”, ha subrayado.
El nuevo marco también obliga a las empresas a disponer de un plan de formación detallado y tutorizado, con un máximo de cinco alumnos por tutor (o tres en algunos casos), y limita la formación a distancia a un 50%.
Asimismo, se prohíben las prácticas en horario nocturno o por turnos, y se refuerza la protección frente a acoso o discriminación, de acuerdo con el Convenio 190 de la OIT.
Sanciones de hasta 225.000 euros
La norma incluye una reforma de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para penalizar los abusos. “Van a ver ustedes que las sanciones se incrementan hasta 225.000 euros en caso de vulneración”, ha destacado Díaz, quien ha recordado que la Inspección de Trabajo lleva años detectando falsos becarios y uso fraudulento de prácticas.